El PSOE exige a la Junta que plantee ya el nuevo Plan de Salud, que se debió iniciar en enero
Alonso reclama un plan de reducción de listas de espera con dos vías preferentes
La socialista exige que en una semana se den las consultas de posibles casos graves
Victorina Alonso, junto a sus compañeras Inmaculada Larrauri y Ángela Márqués, en la rueda de prensa
Con la estrategia autonómica de Sanidad vencida «hace 10 meses, sin que la Junta haya avanzado nada en el diseño de un nuevo programa», el PSOE ha enviado «una batería de preguntas» con las que pretende «hacer la evaluación del sistema que los responsables de la consejería no han hecho», según anunció la procuradora socialista leonesa Victorina Alonso, quien avanzó que esta acción, que persigue que en el primer trimestre del 2009 funcione el III Plan de Salud, se complementa con la presentación para el debate en las Cortes de una moción que contiene «una decena de exigencias». Una retahíla de reclamaciones en la que se emplaza a los responsables del ejecutivo de la comunidad a «poner en marcha un plan de reducción de listas de espera para el periodo 2009-2011», en el que se establezcan dos vías especiales: una «vía rápida para atender los procesos en los que el diagnóstico tenga sospechas de ser maligno y una vía preferente para resolver aquellos casos que, sin ser de patologías graves, afecten a personas en edad laboral y que ya lleven por este motivo más de tres meses de baja». Potenciar recursos públicos La procuradora maragata razona que «no puede ser que exista la posibilidad de un cáncer y se demore la consulta varios meses», sino que plantea que se debe adoptar «el modelo que siguen en Cataluña, donde se efectúa una consulta de alta resolución y en una semana está resuelto el diagnóstico, con lo que en 10 días el paciente puede comenzar con la atención que necesita y que, en casos, puede suponer que salve la vida». El segundo de los supuestos que plantea la moción que los socialistas defenderán en las Cortes, en la que se reclama que «se potencien los recursos públicos para conseguir la reducción de listas», beneficiaría a «los ciudadanos que están en edad laboral y que, por ejemplo, tengan una hernia inguinal que les impida reincorporarse a su trabajo como obreros por la que permanezcan más de 3 meses de baja», lo que supone también «un coste público».