La tarifa de los comedores escolares de León sube este curso hasta un 30%

Las tarifas de los comedores escolares de la provincia suben este curso hasta un 30%. La nueva concesión sólo favorece a siete de los 82 centros leoneses -De Valles, San Ildefonso, Campo de la Cruz, Posada de Valdeón, Puebla de Lillo, Riaño y Menéndez Pidal. Aquí los precios eran el año pasado más altos. El resto sale perjudicado, después de establecer la Junta para el periodo académico 2008-2009 un importe único para todos: 4,30 euros. Los incrementos dejarán a final de cada mes un gasto extra de hasta 26 euros en una prestación que supone un desembolso máximo de 851 euros anuales. La medida administrativa «unifica muchas cosas que hasta ahora eran distintas en cada uno de los centros», justificó el consejero Juan José Mateos en la entrevista que concedió a este periódico el pasado lunes, en la cual también pidió un margen razonable de tiempo para plantear problemas, «porque estoy convencido de que, al final, esta medida será positiva». Algunas críticas ya han llegado a los despachos de la institución autonómica. Varias asociaciones de padres y madres denunciaron la subida. El PSOE fue más allá y reprochó a la administración este tipo de privatizaciones, «que no conducen a un beneficio de los ciudadanos». No obstante, León es la provincia que más ayudas recibe y el 70% de sus alumnos no paga ni un solo euro por el menú, según datos de la Junta. Los beneficios de la gratuidad total del programa llegan a los escolares pertenecientes a unidades familiares en las que la suma de los ingresos de todos sus miembros, obtenida en el periodo impositivo anterior a la presentación de la solicitud, no excedan en cómputo anual de la mitad del indicador público de Rentas de Efectos Múltiples fijado por la Ley de Presupuestos Generales del Estado. También a todas aquellas personas que se encuentren en situación de acogimiento familiar o residencial y a los que pertenezcan a familias numerosas de categoría especial, los de general pagarán la mitad de los 4,30 euros. Esta contribución de las arcas públicas sirve a la Junta como acicate social para compensar posibles carencias económicas y facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral. La experiencia de ese servicio, aducen desde la consejería del ramo, condujo, recientemente, a esta nueva regulación con el fin de utilizar aquellas técnicas de gestión administrativa que el ordenamiento jurídico pone a disposición de la consejería para garantizar una prestación de calidad y salvaguardar los legítimos derechos de los usuarios. La Orden 20/2008 del 13 de marzo completa la normativa vigente y desarrolla la norma en unos parámetros basados en la homogeneización de los criterios y en la desaparición de las desigualdades, que hasta ahora eran habituales.