Cinco meses de formación individual

El triángulo de los problemas principales a los que se enfrenta el sector se circunscriben a la excesiva prolongación que a veces se padece en el apartado de la formación, en la desprotección jurídica a la que se enfrentan los vigilantes en algunas ocasiones y en la discriminación que padecen los ciudadanos no comunitarios, que no pueden acceder a esta profesión. «Hay un atasco burocrático, más que docente y por esa causa un curso de 180 horas lectivas se retrasa cinco meses. Hace falta pedir permisos, tramitar documentación... Ese es el inconveniente real», destaca Eduardo Cobas. «Después, en materia jurídica, una agresión a un policía se considera un posible delito de atentado, pero a un vigilante jurado, simplemente es una falta, cuando la función que están desarrollando es la misma. Y finalmente estamos peleando contra los problemas que nos plantea la legislación en materia de nacionalidades, ya que los ciudadanos no pertenecientes a la Comunidad Europea no pueden acceder a este mercado laboral». El 85% de los contratos que se realizan en la actualidad son de carácter indefinido. «Sin embargo, nos hallamos ante el contrasentido de que con un nivel de paro tan alto como el actual, tenemos déficit de personal y a veces hay problemas para cubrir las plazas».