Detenidas ocho personas por tramitar contratos laborales falsos a extranjeros

Efectivos del Cuerpo Nacional de Policía y agentes de la Guardia Civil detuvieron en la tarde del jueves a ocho personas en León acusados de captar a ciudadanos extranjeros en sus países de origen y que estuvieran interesados en trabajar en España. Les ofrecían falsas ofertas de empleo a cambio de cantidades que oscilaban entre los 2.000 y 9.000 euros. Los detenidos responden a las identidades A.S.A.G,, V.A.A,, L.M.G, J.G.L, J.I.B.C, A.E.A., J.M.C.P, varones de nacionalidad española a los que se añadió también V.S. una mujer de nacionalidad ucraniana. Las empresas investigadas han tramitado más de 170 solicitudes para trabajadores extranjeros, por lo que podrían haber obtenido, mediante la gestión fraudulenta de los permisos de trabajo para estas personas, más de medio millón de euros de beneficios. Entre los arrestados se encuentran cinco empresarios de la provincia de León, un funcionario de la Administración General del Estado, un letrado y una mujer que actuaba como intermediaria entre los empresarios y los trabajadores estafados. La operación policial ha sido realizada por la Unidad Central contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales y la Brigada Provincial de Extranjería y Documentación de León. El año pasado, una ciudadana chilena denunció la existencia de un entramado compuesto por varios empresarios españoles que, a través de intermediarios de origen marroquí y ucraniano, se dedicaba a la captación de trabajadores en sus países de origen. Personas a las que proponían falsas ofertas de empleo en sus empresas y sociedades a cambio de diversas cantidades de dinero. Una vez en España, las víctimas se encontraban con que no había trabajo para ellos, que las empresas no existían o que el puesto de trabajo ofertado no era real. Identificación completa Los agentes pudieron identificar a los responsables de los hechos investigados, así como a las empresas y asesorías utilizadas para la tramitación de las solicitudes de autorización de residencia y trabajo y la renovación de éstas. Los intermediarios de la organización, en sus países de origen, captaban, a petición de los empresarios ahora detenidos, a personas que quisieran venir a trabajar a España. Les prometían un contrato de trabajo y unas altas remuneraciones por dicha actividad relacionada con la construcción o la limpieza. Los supuestos futuros trabajadores debían abonar cantidades que oscilaban entre los 2.000 y 9.000 euros, según su situación económica que era conocida por dicho captador, hipotecando sus casas y bienes para saldar dicha deuda. Una vez en España, eran obligados a empadronarse en la provincia de León, donde figuran las empresas «contratantes». En ocasiones, dichos empresarios no daban de alta a los trabajadores en la Seguridad Social, o si lo hacían era por un número muy escaso de días, incluso hay casos en los que las víctimas han declarado que nunca llegaron a trabajar.