El uso del ADN en investigación criminal tan sólo está «medianamente regulado»

El decano de los jueces de León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, manifestó ayer que la utilización del ADN en materia de investigación criminal tan sólo está «medianamente regulado» en la actualidad y subrayó que hasta el año 2003 no se empezó a legislar en este sentido. «El retraso es llamativo», sentenció antes de explicar que solamente tres países en toda Europa presentan carencias similares: «Portugal, Grecia y España estamos a la cola». Suárez-Quiñones pronunció ayer la conferencia titulada Nuevos retos biológicos en la investigación criminal con la que se clausuraron las Jornadas de Divulgación de la Policía Científica, organizadas por el Club de Prensa de Diario de León y patrocinadas por el Ayuntamiento de Valverde de la Virgen, con la colaboración de la Comisaría General de Policía Científica, el Instituto Universitario Gutiérrez Mellado de la Uned y la Comisaría Provincial del Cuerpo Nacional de Policía de León. Al acto acudieron el subdelegado de Gobierno en León, Francisco Álvarez, el comisario jefe de la Policía Nacional, Ángel Miñambres, el teniente Coronel Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en León, José María Feliz Cadenas, los comisarios Andrés Cadenas y Carlos Vázquez y el jefe de la Brigada de Policía Científica de León, Jesús Decimavilla. Respeto a los derechos Quiñones realizó un extenso repaso cronológico de la historia del uso del ADN en investigación criminal y relató los apartados legales que fijan los limites de su utilización: «Prima el principio de legalidad, que exige un uso ajustado a la ley y el principio de jurisdiccionalidad, que exige que sea el juez quien decida y deja en manos de la Policía la opción de su utilización solamente en casos de urgencia extrema. De lo contrario, se puede violar el derecho a la integridad física de la persona o el derecho a la intimidad». Actualmente no se precisa consentimiento del sospechoso para practicar este tipo de pruebas «que se reservan a los delitos graves y sólo para la Policía, la autoridad judicial o en la identificación de cadáveres. «La ley es un poco timorata», explicó el decano. «Actualmente se está estudiando la posibilidad de permitir la extracción de restos biológicos por la fuerza en algunos supuestos».