El director general del Medio Natural expone las líneas maestras de la futura normativa
El PSOE exige que la Ley de Montes respete los derechos de los concejos
Los alcaldes reclaman en la Federación de Municipios consenso social para la nueva norma
El director general del Medio Natural, José Ángel Arranz, compareció ayer ante la Comisión de Fomento, Urbanismo y Medio Ambiente de la Federación Regional de Municipios y Provincias que preside el alcalde socialista David Rubio para explicar a los representantes municipales de toda la Comunidad el Anteproyecto de Ley de Montes que la Junta de Castilla y León pretende aprobar. Los alcaldes socialistas han pedido al director general en su comparecencia un consenso amplio entre fuerzas políticas, agentes sociales y los propietarios de los montes, entre los que se encuentran los ayuntamientos, para redactar una nuevo texto. La secretaria de Política Municipal del Partido Socialista en la autonomía, María Eugenia Gancedo, señaló que «el anteproyecto de esta ley es perjudicial para los municipios y las juntas vecinales y supone un paso atrás en la gestión del monte y en la autonomía de los ayuntamientos». La respuesta anterior Al respecto, Gancedo manifestó que se trata de una ley necesaria que «afecta a todos los ciudadanos, los del mundo rural y los del mundo urbano y que ya en 2005 sufrió un importante rechazo social que vuelve a manifestarse». Además, subrayó que «ha de ser una herramienta de preservación, sostenibilidad y desarrollo del medio rural «por lo que consideró que «se hace necesario un gran acuerdo que genere una Ley de todos, participativa, moderna y que no perjudique a los ayuntamientos». Entidades sin ingresos Del mismo modo, Gancedo rechazó a que la Junta de Castilla y León pretenda que los ayuntamientos aumenten del 15 al 20% su aportación al Fondo de Mejora que recauda la Junta del aprovechamiento de sus propios montes, ya que «para muchos pueblos pequeños el aprovechamiento de sus montes supone la única fuente de ingresos». Las juntas vecinales de León ya han mostrado su oposición al concepto de control que va a asumir la Junta de Castilla y León, redactora de la nueva ley, si saca aadelante el nuevo texto. El PSOE leonés ya anunció que tomaría medidas sociales, jurídicas y administrativas en defensa de las juntas vecinales leonesas.