La renovación ilegal de directores afecta a cincuenta centros de León
redacción
La resolución firme del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León por la cual procede a declarar ilegal la convocatoria de renovación automática de directores de colegios e institutos afecta en la provincia a casi cincuenta centros, el mayor número de la comunidad, donde hay 249 equipos directivos implicados, según revela el portavoz en la provincia de la Asociación de Profesores de Enseñanza Secundaria -”Aspes-”, colectivo que presentó el recurso de amparo ante este Tribunal, después de que la Junta, primero, y el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Valladolid, después, desestimaran la apelación del sindicato, mediante argumentos «peregrinos» como que esta entidad no tenía legitimación para presentar el recurso, a pesar de representar al profesorado, y que no tenían interés en el asunto.
La administración educativa gestionada por el consejero Juan José Mateos, «lejos de aplicar la normativa vigente», marcada por la LOE, y establecer una prórroga de como mucho un año en el mandato de los directores, decidió renovarlos por cuatro años, incurriendo en la citada ilegalidad.
La sentencia del TSJ recoge también que la denegación de la revisión de la orden de la Junta conculca además el derecho a la tutela judicial, con lo que se vulneran los artículos 24.1 y 28.1 de la Constitución.
El fallo implica incluso que algunos de los actos dictados por los directores renovados podrían resultar impugandos, algo que no pretenden desde Aspes, ya que consideran a los equipos directivos víctimas de la mala aplicación de la normativa vigente.
Por este motivo, la agrupación sindical exige que «quiénes han realizado esta orden sean cesados de sus cargos de inmediato» y piden que los profesores afectados por este asunto «sean resarcidos por los daños ocasionados».
La administración autonómica tiene de plazo dos meses para corregir el problema, aunque lo más probable es que exista flexibilidad para no perjudicar el curso actual, iniciado desde hace meses, aunque para esto tendrán que sentarse a negociar las partes implicadas en el conflicto.
Por el momento, la institución educativa no ha tomado ninguna decisión al respecto, más allá de reiterar que ninguno de los directores es «ilegal», algo que es cierto, porque lo que es irregular es el nombramiento.