El juez se inhibe en un auto definitivo firmado el pasado 26 de diciembre
Los juzgados de León tienen ya la causa de Garzón sobre las fosas
Los tribunales de la provincia deberán decidir si continúan los procedimientos iniciados
l juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, en un auto, con fecha de 26 de diciembre, que fue comunicada ayer a las asociaciones personadas en la causa, materializa su inhibición en favor de los juzgados territoriales en los que se encuentran las fosas franquista —ya se inhibió el 18 de noviembre—, después de que la sala de lo penal de la Audiencia Nacional le declarara no competente para instruir este procedimiento. Así, Garzón remite la causa a los juzgados provinciales de León (donde se calculan 18 fosas), A Coruña, Asturias, Badajoz, Burgos, Castellón, Córdoba, Granada, Huelva, Huesca, Lugo, Madrid, Navarra, Palencia, Pontevedra, Salamanca, Soria, Toledo, Zamora, Zaragoza, además de los de Alicante y Valencia, Manacor y Palma y Cáceres. También envía «testimonio literal» de las actuaciones que están digitalizadas, así como del informe realizado por los peritos, en cuyo balance provisional cifran las víctimas entre 136.062 y 152.237. El 28 de noviembre el pleno de la sala de lo penal estimó el incidente de competencia que planteó el fiscal jefe de la Audiencia Nacional Javier Zaragoza contra la decisión que Garzón adoptó el 16 de octubre de declararse competente para investigar las desapariciones en la Guerra Civil y el franquismo. No obstante, el titular del Juzgado de Instrucción número 5 ya había neutralizado el efecto de esta decisión al inhibirse diez días antes en favor de los juzgados en los que estuviesen localizadas las fosas tras certificar que todos los responsables del franquismo a los que podía imputar las desapariciones habían fallecido. En este sentido, el juez Baltasar Garzón detalla ahora que dicha inhibición se materializa «según lo decidido por la Sala» de modo que «serán los juzgados que resulten competentes los que tendrán que asumir o no asumir dicha calificación y la continuidad o no de los procedimientos», incluidos los referentes a las desapariciones «legalizadas», sustracciones y cambios de identidad de niños durante el franquismo. Ya en noviembre, el juez alertó de que la dictadura franquista «pudo haber propiciado la pérdida de identidad de miles de niños en la década de los años 40», al arrebatárselos a sus padres para educarles en la afección al régimen. Por ello, consideraba que una de las razones para sostener que los delitos (de detención ilegal sin dar razón de paradero que encaja en el contexto de Crímenes contra la Humanidad) no han prescritos es precisamente la existencia de víctimas «que puedan estar vivas».