Fernández basa su decisión en el informe sobre los errores de los pliegos del servicio de Jardines
El alcalde destituye a la edil de Medio Ambiente por pérdida de confianza
Humildad Rodríguez, quien se opone a la semiprivatización del Agua, prevé anunciar su dimisión el lunes
El alcalde Francisco Fernández charla con Humildad Rodríguez durante un pleno, en una imagen de arch
El alcalde del Ayuntamiento de León, Francisco Fernández, firmó ayer el decreto de destitución en sus funciones de la concejala de Medio Ambiente, Humildad Rodríguez Otero, por pérdida de confianza. Una motivación que se deriva del expediente encargado por el regidor socialista sobre los errores en la publicación de los pliegos del concurso de concesión administrativa del servicio de Jardines y Obras, que tuvieron que ser anulados y reiniciarse el proceso tras la denuncia del PP de que el documento que se aprobó en el Pleno municipal, donde se recogían los requisitos de las empresas aspirantes a concesionarias, no coincidía con el que se publicó con posterioridad en la página web del consistorio.
El informe elaborado por funcionarios del consistorio durante los últimos meses arrastra también a uno de los técnicos de la Concejalía de Medio Ambiente que participó en la redacción de los pliegos, al que se abrirá un expediente que puede terminar con una sanción de suspensión de empleo y sueldo.
El lunes, efectivo
La firma del alcalde en el decreto se solapó ayer con el anuncio de una rueda de prensa por parte de la concejala para el próximo lunes, en la que prevé anunciar su cese personal. La renuncia personal de Rodríguez Otero, que llegará después de que en la comisión informativa de Medio Ambiente de primera hora de la mañana se conozca de forma oficial su destitución, se produce como consecuencia de su rechazo a la decisión de semiprivatizar el 49% del Servicio de Aguas. La concejala, que no pertenece al PSOE y ha participado en las dos últimas elecciones en la lista del alcalde como independiente, defiende que en el programa electoral la formación socialista se comprometía a no acometer esta actuación, con la que se prevé una entrada de más de 20 millones de euros que exigen los bancos para poder realizar la operación de abono de 70 millones de euros a los proveedores de la administración.