Instrucción 1 devolvió recientemente un exhorto tras apreciar incorrecciones
Los juzgados no han recibido aún el auto de Garzón sobre las fosas
El juez decano optará por un sorteo entre los cinco juzgados de Instrucción para la asignación del asunto
Juan Carlos Suárez-Quiñones, en una imagen de archivo
león
El decano de los jueces de León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, desveló ayer que el auto del juez Baltasar Garzón por el que se ordena la reapertura de las fosas en las que se encuentran los cadáveres de las víctimas de la represión franquista no ha llegado aún a los juzgados de León, si bien manifestó también que, en el caso de que no haya fechas disponibles, se realizará un sorteo entre los cinco juzgados de Instrucción, con el objetivo de designar por el sistema más justo qué sala será la que habrá de tramitar los asuntos correspondientes a las fosas de La Robla, que son las únicas que pertenecen al partido judicial de León. Cabe la posibilidad de que haya también competencias en Astorga, aunque este extremo está pendiente de dilucidar.
«De momento, que yo sepa, nadie ha recibido nada. Llegó un exhorto al Juzgado de Instrucción número 1 que fue devuelto y es la última noticia que tenemos. Si no hay fechas disponibles, lo que haremos será sortearlo entre los cinco juzgados de Instrucción que tenemos ahora y el asunto seguirá su curso», manifestó el decano.
El juez Baltasar Garzón había emitido un auto el pasado día 26 de diciembre que llegó esta semana a las diferentes asociaciones personadas en la causa, por el que se hace constar que la Audiencia Nacional ha declarado que el asunto no le compete y que no puede instruir este procedimiento. Los juzgados de A Coruña, Asturias, Badajoz, Burgos, Castellón, Córdoba, Granada, Huelva, Huesca, Lugo, Madrid, Navarra, Palencia, Pontevedra, Salamanca, Soria, Toledo, Zamora, Zaragoza, además de los de Alicante y Valencia, Manacor y Palma y Cáceres se harán cargo de forma directa a partir de ahora.
Primer balance
El balance provisional de víctimas que se recoge en las diligencias calcula entre 136.062 y 152.237 víctimas. Garzón detalla ahora que la inhibición se materializa «según lo decidido por la Sala» de modo que «serán los juzgados que resulten competentes los que tendrán que asumir o no asumir dicha calificación y la continuidad o no de los procedimientos», incluidos los referentes a las desapariciones «legalizadas», sustracciones y cambios de identidad de niños durante el franquismo.
Ya en noviembre, el juez alertó de que la dictadura franquista «pudo haber propiciado la pérdida de identidad de miles de niños en la década de los años 40», al arrebatárselos a sus padres para educarles en la afección al régimen».
Por ello, consideraba que una de las razones para sostener que los delitos (de detención ilegal sin dar razón de paradero que encaja en el contexto de Crímenes contra la Humanidad) no han prescritos es precisamente la existencia de víctimas «que puedan estar vivas».
Los juzgados de Ponferrada deberán hacerse cargo de los asuntos correspondientes a la comarca del Bierzo, donde también se han hallado numerosas fosas de estas características.