León aprueba la semiprivatización del agua para poder pagar a proveedores

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El proyecto de externalización del servicio de Aguas ya corre. Le dio cauce el Pleno celebrado ayer, donde el equipo de gobierno de PSOE y UPL aprobó la creación de una comisión de estudio -”formada por técnicos y un representante de cada partido-” que determine la forma de gestión, con el criterio de «los estudios económicos», que apuestan por la creación de una sociedad mixta. Una empresa con un 49% de capital privado, que será asumido por la sociedad que se haga con la concesión, y un 51% público, lo que «garantiza que el Ayuntamiento controlará la gestión y fiscalizará todas las decisiones», como explicó la portavoz socialista, Natalia Rodríguez Picallo. «El canon» que recibirá el consistorio -”que partirá de un mínimo de 20 millones de euros-” «es una cosa más, importante, pero no el único beneficio», según la concejala, que abundó en que la entrada de un socio «con experiencia» servirá para «poder mejorar el servicio bajo el principio de la eficacia», ya que «a corto, medio y largo plazo habrá que acometer inversiones obligatorias», como «la segunda y tercera fase de la estación del Porma» o «la modernización» de gran parte de la infraestructura para que «funcione correctamente»; actuaciones que de esta forma «se harán de una manera más ágil».

Frente a los datos del PP que mantienen que «Aguas tiene un beneficio de 7 millones anuales», Rodríguez Picallo mostró un informe técnico en el que se demuestra que «con el ejercicio cerrado, los ingresos en el 2008 fueron de 5.386.060 euros y los gastos de 5.165.500 euros, lo que deja un superávit de 220.000 euros, a los que hay que descontar obras pendientes».

Sin alternativa

La externalización fue apoyada por la UPL «sin entusiasmo, pero con responsabilidad porque no hay alternativas». «Si no votamos a favor, en 3 o 4 meses no protestarán los mismos que hoy, pero sí los trabajadores de los autobuses públicos, las trabajadores del servicio de ayuda a domicilio o los mismos ancianos que se benefician de este servicio, porque hay un riesgo cierto de dejar de pagar nóminas de algunas empresas», relató el vicealcalde, Javier Chamorro, quien recordó que sin los recursos monetarios de la semiprivatización los bancos no permitirían la operación para pagar 70 millones de euros de la deuda histórica a proveedores. Respaldado en que «está fórmula es legal y funciona en muchas ciudades de España, incluso de la provincia, como Astorga, San Andrés o Ponferrada, donde gobierna el PP», el portavoz leonesista recalcó que «la redacción de los pliegos del concurso de concesión harán que se reciba el mayor dinero posible y se salvaguarden los derechos de los trabajadores», a los que se ha comunicado que continuarán sin problemas.

Ajeno a todos estas consideraciones, el PP consideró la actuación «no como una externalización, sino como una venta o más bien un regalo del agua», en el que «se mantiene el mismo argumento que en el pasado ejercicio con la subida del IBI», aseguró Julio Cayón. Mientras «en Europa se está haciendo lo contrario», el Ayuntamiento opta por la semiprivatización y la entrada de una empresa privada, ante lo que los populares se preguntaron si «se reducirá el tramo de consumo mínimo para realizar una subida enmascarada». «Han negado sistemáticamente el plan de la ex concejala Humildad Rodríguez, que garantizaba 18 millones de euros al años», acusó el portavoz de la oposición.

No se conoce otro plan

El alcalde, Francisco Fernández, afirmó que no sabe «si existe» el plan de la ex edil de Medio Ambiente y cuestionó que Cayón «no tiene ninguna duda pese a que ni lo conoce». «No buscamos el aplauso, sino la responsabilidad», concedió el primer edil, quien citó que «con el PP se hizo lo mismo con servicios como la ORA o Serfunle», mientras que «ahora parece» que el equipo de gobierno «castiga a la ciudadanos».