El Ayuntamiento se deshace de un negocio que le reporta cerca de un millón de euros de déficit al año
La concejala de Sanidad, Comercio y Consumo, María Rodríguez
l. u. / a. c. | león
Al contrario que en otras enajenaciones, el beneficio de la venta del matadero para el Ayuntamiento de León viene determinado más por el abandono de una rémora que por el ingreso de un cheque. Cada año, la infraestructura generaba «un déficit de un millón de euros al año, con una tendencia de crecimiento de 200.000 euros anuales», aunque en el último ejercicio «el ajuste de los gastos corrientes, gracias a la reestructuración del servicio y la optimización del personal», haya motivado que las pérdidas se queden en «algo más de 600.000 euros», según explicó María Rodríguez.
La concejala del PSOE abundó en que la operación, al margen de los beneficios del mantenimiento de la actividad, supondrá «el ahorro de las pérdidas y del coste del personal eventual», que asciende a «392.000 euros anuales», mientras que los sueldos de los cuarenta trabajadores fijos no se restará de la nómina municipal, ya que tendrán que ser asumidos y reubicados por los responsables de la administración municipal en otras áreas.
Reproches a la gestión del PP
Rodríguez aprovechó la comparecencia, en la que expuso el documento enviado por el grupo de empresarios, para recordar que en los dos intentos anteriores de enajenación del matadero, en los años 2006 y 2007, el PP lo planteó «sólo como una operación inmobiliaria, al margen del sector cárnico». La edil socialista pasó factura además al grupo popular por haber dejado una instalación «obsoleta, condenada a la ruina y sin autorización sanitaria», lo que la abocó al cierre, decretado por la Junta, durante más de dos meses del pasado verano.
En la recapitulación histórica, la concejala de Sanidad, Comercio y Consumo rememoró que en el año 2000 se creó una sociedad Emimalsa, con un 99% de capital público, que «no sirvió para nada», y citó que en esas fechas, durante uno de los mandatos de Mario Amilivia, «se invirtieron 2 millones de euros para la ampliación de las instalaciones; un dinero con el que se hubiera construido uno nuevo».
Ahora, cuatro años después de la primera intentona, el Ayuntamiento espera desvincularse por fin del servicio y dejar de ser «la única capital de provincia de España que todavía mantiene la titularidad pública de un matadero», como apuntó Rodríguez.