Un permanente ir y venir de documentación

«Si hubiéramos sabido lo rápido que se entendía el plan nacional anticrisis que acaba de poner en marcha el Gobierno no habríamos metido tanto la pata con los planes del carbón, que tienen una interferencia política obligada, que es la Junta de Castilla y León». Jesús Esteban resume la clave del éxito en la agilidad del Fondo de Financiación Local: «El Gobierno se entiende directamente con los ayuntamientos, ni siquiera trata con las diputaciones».

Justo en el punto contrario de esta relación directa está lo que los municipios mineros consideran la principal traba para la agilidad en la inversión de los fondos mineros. El convenio de cada proyecto se genera en el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón, que lo remite a la Dirección General de Minas. Desde este organismo se reparten los proyectos a las distintas consejerías, según sus competencias; aunque según el PSOE «no hay coordinación entre ellas en este campo».

Una vez aprobados los proyectos en las consejerías son devueltos a la Dirección General de Minas, que los remite de nuevo al Instituto del Carbón. De ahí, se remite de nuevo la documentación a las consejerías para que se pongan en contacto con los ayuntamientos, se firma el convenio, se genera el crédito y finalmente puede comenzar la obra.

«Si hubiéramos querido ser prácticos hubiera sobrado la Junta», apuntan los municipios mineros, que recuerdan el caso de Asturias, donde los municipios mineros han peleado duramente con el Principado para gestionar directamente los proyectos de inversión con la Administración central.