La institución considera que hay «demora» en el acceso a los servicios y prestaciones
El Procurador del Común exige que la Junta desarrolle la Ley de Dependencia
Recomienda a la Consejería de Familia fijar con urgencia un plazo máximo de respuesta a familias
El Procurador del Común «sugiere» a la Junta que agilice los plazos y ofrezca los servic
león
El Procurador del Común en Castilla y León ha urgido el desarrollo normativo de la Ley de la Dependencia para asegurar su «plena aplicación» en la comunidad. El alto comisionado demandó a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, en una actuación de oficio a la que ha tenido acceso Ical, su desarrollo puesto que pese a haberse aprobado ya diferentes disposiciones las expectativas de los ciudadanos castellano y leoneses no se han visto plenamente satisfechas.
La institución, que preside Javier Amoedo, recibió el pasado año un gran número de reclamaciones por parte de ciudadanos de la comunidad por lo que inició de forma proactiva -en junio del 2008- una investigación sobre la implantación en Castilla y León de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia. Resolvió que existe «demora» en el acceso a los servicios básicos y prestaciones programadas por la norma.
Planificación autonómica
En ese sentido, Javier Amoedo advirtió en el expediente sobre la necesidad de diseñar una «planificación autonómica» para definir el catálogo de servicios del Sistema para la autonomía y atención a la dependencia. Explicó que debe clarificarse los recursos asistenciales que comparten con los servicios de carácter social. Como ejemplo, recordó que otras comunidades autónomas españolas han estipulado los medios que deben movilizarse en las disposiciones que se han aprobado con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley de la Dependencia.
De esta forma, aconsejó al ejecutivo autonómico avanzar en el desarrollo de una regulación más especializada para resolver las deficiencias del actual marco normativo. Entre las propuestas, el Procurador del Común planteó desarrollar un reglamento sobre el establecimiento, aprobación, revisión y supervisión de un programa individualizado así como el establecimiento de plazos para su elaboración y aprobación. También encomendó a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades la creación de un procedimiento de urgencia para acotar el plazo máximo de respuesta a solicitantes que atraviesen por situaciones excepcionales.
Esta institución también plantea la posibilidad de que la administración competente ofrezca una respuesta jurídica y moral adecuada a los familiares del solicitante cuando éste fallezca. Al respecto la Junta de Castilla y León se comprometió a garantizar a las personas dependientes una ayuda mínima aunque se beneficien de otra prestación.