Los empresarios solicitan un «plan de choque» de 21.000 millones hasta 2010

La Empresa Familiar de Castilla y León (EFCL), que este viernes celebró en León su Asamblea Anual para analizar las principales consecuencias del sector ante la actual situación económica, se dirigió a las administraciones, tanto al Gobierno Central como los ejecutivos autonómicos, para solicitarles la elaboración de un 'plan de choque 2009-2010' que esté dotado con un total de 21.140 millones de euros. Con ellos se podrían adoptar una serie de medidas, unas con efecto inmediato y otras con efecto en el plazo de varios meses, con las que responder a la situación de crisis económica que atraviesa España.

Entre las medidas propuestas por EFCL y que contarían con un efecto inmediato sobre la economía de las empresas figuran la reducción del coste del empleo, bajando en dos puntos las cuotas a la Seguridad Social que soportan las empresas por todos los trabajadores y en diez puntos las cuotas a la Seguridad Social que se abonan por cada nuevo empleo fijo que se cree. Proponen también el crecimiento de la línea ICO para capital circulante en 50.000 millones, porque consideran que «la aprobada en diciembre de 10.000 millones resulta insuficiente», declaró el presidente de la Empresa Familiar de Castilla y León, José Vega.

Desde esta asociación se proponen otras tres medidas de carácter inmediato, como son la creación de un incentivo de 2.000 euros para la compra de vehículos destinados a actividades económicas, con lo que se podría reducir las dificultades que atraviesa un sector estratégico como es el de la automoción. También se plantea que las administraciones públicas abonen sus facturas en un periodo de tiempo inferior a los 30 días y crear un fondo para la concesión de créditos por 10.000 millones de euros a aquellas instituciones que no puedan afrontar esta carencia de pago.

En este sentido, José Vega consideró que, al igual que la respuesta por parte de las administraciones ha sido «de una agilidad portentosa» para ayudas como el Fondo Local, las propuestas que han realizado «gran parte de ellas pueden salir adelante», dijo. «Para resolver los expedientes de contratación que se han propuesto, calculamos que las administraciones los han realizado en el 30 por ciento del plazo que habitualmente necesitaban las instituciones para sacar adelante esos contratos», y añadió: «Esto quiere decir que cuando hay ideas imaginativas y apuestas de este tipo, las administraciones y las empresas se vuelcan. Lo que queremos aprovechar es que estas propuestas tienen los mismos visos de salir adelante que han podido salir este plan».

Por último, y con el objetivo de mejorar la liquidez del tejido empresarial, otra de las medidas que consideran necesaria es otorgar a los créditos que conceden los accionistas a sus empresas un tratamiento fiscal similar al del resto de rentas del capital.

Medidas con efecto a corto plazo

Además de las medidas propuestas por la Empresa Familiar de Castilla y León con efecto inmediato, la Asamblea acordó proponer otras que se dejarían notar dentro del sector empresarial una vez que hubieran transcurrido unos meses desde su puesta en marcha.

Entre ellas se encuentra la reducción de los tipos del Impuesto sobre Sociedades, el establecimiento de la exención por reinversión de beneficios o la habilitación, de manera provisional, y la posibilidad de que los proyectos puedan ejecutarse después de una comunicación formal a la administración correspondiente, que será quien verificará la correcta observación de la legislación establecida al efecto.

Por último, con el objetivo de incrementar la flexibilidad del mercado laboral, se considera necesario condicionar los incrementos salariales a la productividad, reducir el absentismo otorgando a las mutuas y empresas colaboradoras la facultad de emitir propuestas de alta médica en el pago de la incapacidad temporal o diseñar coherentemente el calendario laboral, trasladando algunas de las jornadas festivas que caen entre semana a los lunes. Medidas, todas ellas, que para la Empresa Familiar «no tendrían impacto económico para las Administraciones Públicas».