El Pleno adjudica el plan a la empresa que costeará la construcción a cambio de explotarlas
Las 529 viviendas de alquiler de precio público estarán ocupadas en el año 2011
Los edificios empezarán a construirse a finales de este año en las 7 parcelas cedidas
león
La primera piedra administrativa para la ejecución del programa de viviendas de alquiler de precio público se puso en el Pleno de ayer. El Ayuntamiento de León cedió las siete parcelas escogidas para la construcción de los edificios -”que se levantarán en Puente Castro sur, San Mamés, casco histórico sur, casco histórico norte, Eras de Renueva, La Inmaculada y Trobajo del Cerecedo-” a la empresa que ha resultado adjudicataria del plan: Arboleya Visorén Norte S.A. Una sociedad que ahora deberá presentar los proyectos al consistorio y reclamar la calificación a la Junta, antes de empezar a construir las casas a finales de este mismo año, con 18 meses por delante para hacerlas realidad, lo que compromete para el segundo semestre del 2011 la entrada de los beneficiarios: jóvenes menores de 35 años, discapacitados, mayores y colectivos en riesgo de exclusión social.
La oferta de la empresa establece que en las 7 parcelas se levantarán un total de 529 viviendas, sobre las que la concesionaria tendrá el derecho de explotación durante un periodo de 45 años a cambio de costear su construcción y mantenimiento. La gestión queda sujeta a los criterios que fije el consistorio, que calcula que los alquileres irán desde 150 a 268 euros, en función del tamaño, y que no entran en confrontación con las ayudas que dan la Junta y el Gobierno, por lo que en algunos casos la renta de puede salir gratis a inquilinos.
En los próximos meses se fijarán los criterios que primarán para el reparto de las viviendas, que en cada una de las zonas tienen asignados unos colectivos, y las normas de uso que deberán cumplir los inquilinos. Entre esas normas que ha adelantado la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento se apuntará que el sistema de uso es rotatorio, con lo que los alquileres serán de un máximo de 5 años con opción a 3 prórrogas anuales, salvo en el caso de las personas mayores, donde la permanencia es indefinida.