Joaquín Otero considera que las revisiones admitidas hacen que el proyecto sea «menos malo»
El PP no aprueba ninguna enmienda de calado a la Ley de Montes, según el PSOE
La procuradora Mónica Lafuente califica de «intransigente» la postura de los populares
redacción
El compromiso existe. La Junta asegura que a partir de la aprobación de la ley, la administración autonómica no podrá decidir sola sin el acuerdo de los propietarios de los montes, pero el PSOE considera que los populares han perdido la primera oportunidad para asentar sobre bases jurídicas la promesa.
La Comisión de Medio Ambiente celebrada ayer echó por tierra 150 enmiendas de las 163 presentadas por los socialistas a este proyecto, mientras que aprobó las 42 del PP, 22 de éstas con el apoyo de la oposición, según aclara la procuradora del PSOE en las Cortes Mónica Lafuente.
Asegura que, después de este trámite, el texto es, en esencia, el mismo. «No cambia mucho el sentido de la norma, las correcciones son más de contenido que de fondo», explica, a la vez que critica «la intransigencia de la Junta» en este proceso.
Más protagonismo
Recuerda que las principales enmiendas elevadas a la Cámara por los socialistas pretenden aumentar el papel de las entidades municipales en la gestión de los montes para que su voto sea vinculante», dice, algo que ya comprometió la consejería de María Jesús Ruiz, pero que, según Lafuente, no está recogido, por el momento y de manera firme, en la ley.
«No han aprobado ninguna enmienda de calado», reprocha la parlamentaria del partido político que más batalla da a la norma que pretende sacar adelante el ejecutivo presidido por Juan Vicente Herrera. Su entrada en vigor está prevista para marzo o abril.
Este rechazo cuenta, además, con el apoyo de una parte de la sociedad que, junto con la agrupación política, ha constituido una plataforma contraria al proyecto, desde la cual advierten que la iniciativa sesga los derechos y las competencias de las juntas vecinales.
Duros también han sido los procuradores leonesistas Joaquín Otero y Héctor Castresana. La calificaron como una «expropiación encubierta» y exigieron su retirada, algo ya poco probable.
Precisamente, Joaquín Otero aseguró ayer en rueda de prensa que las revisiones «han mejorado algo la ley: No será buena, pero será menos mala de lo que era al principio», consideró.
Valoró positivamente que la Junta rebaje del 20 por ciento a un 15 el canón de explotación que aplicará a los propietarios de los montes de utilidad pública. Cantidad que luego revertirá la consejería en las zonas donde se encuentran estos espacios.