Insiste en que el texto legal que defiende el PP lesiona los derechos de las juntas vecinales
El PSOE exige a Carrasco un pleno monográfico sobre la Ley de Montes
Pretende que la Corporación Provincial exija a la Junta la retirada del proyecto de ley
Pedáneos de toda la provincia llenaron el salón de plenos de la Diputación en el debate celebrado en
redacción
La inminente aprobación del proyecto de Ley de Montes en las Cortes autonómicas ha provocado que en las últimas semanas el PSOE haya intensificado su lucha contra esta norma. Dentro de esta cascada de iniciativas -”parlamentarias y populares (apoyo a las protestas y otras medidas de presión organizadas por la Plataforma contra la Ley de Montes)-”, ayer los diputados socialistas registraron en la institución provincial una petición dirigida a la presidenta, Isabel Carrrasco, para que convoque un Pleno extraordinario y monográfico para abordar este proyecto de ley.
El objetivo final de esta iniciativa en el Palacio de los Guzmanes busca el apoyo de toda la Corporación Provincial para exigir a la institución autonómica que retire este documento, con el fin de ser debatido y consensuado por todas la partes afectadas.
Los diputados socialistas -”firmantes de la petición registrada ayer-” consideran que la aprobación por parte de las Cortes de este proyecto de ley «en sus términos actuales causaría un irremediable perjuicio a los municipios, sobre todo, a las juntas vecinales, que son las propietarias de la mayor parte de los montes de utilidad pública en León».
El PSOE sustenta la reclamación de un Pleno extraordinario con argumentos como el hecho de que la provincia se sitúa a la cabeza de la comunidad en superficie forestal con cerca de 500.000 hectáreas. «La peculiar afección de esta Ley de Montes en León podría causar un grave perjuicio a los pueblos». En este sentido, recuerdan que estas localidades dependen en su mayoría de ingresos económicos derivados de los aprovechamientos de sus bosques e inciden en que la nueva norma propuesta por la Junta «retira la capacidad de decisión de las pedanías sobre espacios que son de su propiedad».
Los socialistas estiman que es vital un pronunciamiento de la Diputación, ya que -”aseguran-” es esta institución la que «tiene las competencias a la hora de velar por los intereses de los ayuntamientos menores de 20.000 habitantes y las juntas vecinales».