Los padres exigen a la Junta que evalúe a los objetores sin obligarles a ir a clase

león

Las plataformas de la comunidad contrarias a Educación para la Ciudadanía consideran que «no se ha producido ningún cambio en la asignatura que haga a los padres reconsiderar su postura» y califican la resolución del Tribunal Superior de Justicia de «precipitada e inexplicable», porque la materia «es la misma que nos hizo tomar la decisión de ejercer nuestro derecho a la objeción de conciencia por el bien de nuestros hijos», aseguran en un comunicado conjunto todas las asociaciones de Castilla y León.

En este manifiesto, critican las últimas declaraciones del consejero del área Juan José Mateos y le reprochan que hable de una cuestión de normalidad cuando ésta «no se ha producido en ningún momento». Asumen el suspenso como la consecuencia a un derecho que han ejercido «por cuestiones profundas de conciencia».

Consideran que las soluciones al conflicto no están agotadas y apuntan a un acuerdo dialogado con la Junta que «permita la evaluación de los alumnos sin que ello suponga la vuelta a las clases», porque, aseguran, «así puede hacerlo la consejería».

Las familias afectadas han pedido por escrito una reunión «urgente» con Juan José Mateos para trasladarle estas reivindicaciones. El Ejecutivo autonómico les ha emplazado para este viernes y ha nombrado interlocutor al director general de Planificación y Ordenación Educativa, Emilio Gutiérrez.

Las plataformas estudian ahora si asistirán a ese encuentro a pesar de que el consejero no estará presente. El portavoz de la plataforma León Educa en Libertad, Aurelio García, asegura que existen agrupaciones de otras provincias que ya han manifestado su enfado por esta decisión, aunque reconoce que lo más probable es que acudan, porque la intención es la de recordar a la consejería como la permanencia fuera de las aulas de los estudiantes objetores «no supone ningún problema» y aclaran que estos menores «están dispuestos a realizar alguna actividad sustituta que permita su evaluación» como, afirman, hace la Comunidad de Madrid, donde «los valoran a través de trabajos».

Sin embargo, «en Castilla y León no han querido aceptar la buena disposición de los padres para resolver este conflicto y se han limitado a atender a los niños dentro del centro escolar sin proporcionarles una adecuada atención educativa de acuerdo a su especial situación», explican en el manifiesto.

Las familias perciben de esta situación «un acoso y una intimidación constante» y aluden a las palabras de Mateos, «que se mostró convencido de que no iba a haber ninguna polémica más», para exigir al consejero que «respete la libertad de los padres y demuestre de forma eficaz lo que ha dicho tantas veces: `la asignatura tiene una fuerte carga moral´», concluyen.