El Consejo de Cuentas insiste en las irregularidades contablesde la UPL
dl | león
El 88% de los municipios de Castilla y León presenta deficiencias en sus cuentas, el cuarenta por ciento las rinde fuera de plazo y el veintitrés no las hace públicas.
Así desprenden los datos de la Memoria Anual del Consejo de Cuentas de Castilla y León correspondiente al ejercicio 2007, leída ayer en la Comisión de Hacienda en las Cortes por el presidente de este organismo, Pedro Martín.
En concreto, sólo el 48% ha presentado bien las cuentas contables, entre los que se encuentran todos los municipios con una población superior a 50.000 habitantes, según desprende el documento.
De los 2.248 municipios castellanoleoneses, 1.729 ayuntamientos no han rendido cuentas en tiempo y forma, cifra de la que un total de 411 cuentan con una población inferior a los quinientos habitantes.
La memoria recomienda a los responsables de las entidades locales que acentúen el procedimiento de control interno en materia de financiación, e insta a las instituciones autonómicas correspondientes a presionar a las entidades locales a rendir sus cuentas con diligencia.
Propaganda electoral
También pide una mayor definición de los gastos correspondientes a la propaganda y la publicidad electoral, al haber detectado una irregularidad en las cuentas del partido Unión del Pueblo Leonés (UPL) por un valor de 40.000 euros en este concepto.
El informe aprueba la Cuenta General de Castilla y León correspondiente al ejercicio 2004, al considerar que refleja de forma «fiable las actividades económicas y financieras de la Comunidad», aunque le pone seis limitaciones correspondientes a la falta de ajuste de determinadas cuentas.
Para el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Comisión, Pascual Fernández, el documento da cuenta de la «irregularidad, ineficacia y despilfarro» existente en las cuentas de la comunidad.
Ha asegurado que desde su grupo echan de menos «un análisis más pormenorizado del cumplimiento de los objetivos fijados por la Junta de Castilla y León», así como un control de las subvenciones «a dedo» que se otorgan desde el Gobierno autonómico.