La inspeccción exigirá pruebas de que se imparten cursos presenciales en el idioma del extranjero
Las constructoras que no formen a sus empleados perderán la licencia
Trabajo inicia en junio una campaña para inspeccionar a doscientas veinte empresas leonesas
El jefe de Inspección de Trabajo, Fernando José Galindo Meño, ayer durante la celebración de las jor
león
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social iniciará a mediados de junio una campaña en 4.000 constructoras de toda la comunidad -”220 en León-” para controlar exhaustivamente el grado de cumplimiento de las horas de formación en prevención de riesgos laborales de los trabajadores contratados, recogidos en el convenio general de la construcción. Las empresas que no estén al día con el reglamento tendrán un plazo de seis meses para aportar la documentación que acredite el cumplimiento de la formación, que está fijada en ocho horas obligatorias y cuarenta horas con carácter extraordinario. La ley especifica que los trabajadores extranjeros deberán recibir 28 horas de formación presencial en su propio idioma para que sea comprensible. Además de la sanción correspondiente, a las empresas que incumplan con el convenio de la construcción se les podrá cancelar las inscripción en el registro de empresas acreditadas que participan en el sector de la construcción, «uno de los requisitos es tener formados a los trabajadores, si no los forman, les vamos a dar seis meses, si no cumplen, se solicitará a la autoridad laboral competente que cancele la actividad de la empresa». Así lo explicó ayer el jefe de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, Fernando José Galindo Meño durante su intervención en las Jornadas de Extranjería que ayer se clausuraron en León organizadas por las asociaciones de inmigrantes que trabajan en la provincia.
Galindo aseguró que la campaña está ya planificada y está precedida de estudios previos en trescientas empresas de la comunidad que demuestran que sólo el 5% cumplen con la obligatoriedad de formar a sus trabajadores, «hay un déficit de formación», aseguró.
El inspector de trabajo de León aclaró a los inmigrantes que acudieron a las jornadas que el objetivo de su oficina es evitar la explotación laboral de los trabajadores que se encuentran en situación irregular y explicó que tanto los empleados nacionales como extranjeros son reacios a denunciar situaciones irregulares. Afirmó que el 90% de las empresas de León cumplen con la obligación de disponer con una organización preventiva pero aclaró que estas formaciones no cumplen de manera efectiva con sus objetivos de formación y vigilancia de la salud de los trabajadores.
Galindo aclaró que en caso de accidente laboral o enfermedad laboral la ley contempla que los trabajadores, aunque estén irregulares, tienen los mismos derechos administrativos que los que están legalizados, es lo que se llama principio de automaticidad de la prestaciones, que rige en España desde el año 1956.
Ninguna solicitud por arraigo
Galindo Meño dijo ayer que ningún extranjero de León ha solicitado la regulación por arraigo, legalización de la situación que se consigue con tres años de residencia y un año de trabajo ilegal. Ante esta aseveración, la responsable de inmigración de CC.OO., Rosa Castro, comentó las dificultades que tienen los extranjeros para buscar testigos dispuestos a firmar que el trabajador tiene arraigo laboral.
Galindo Meño aseguró que el 80% del trabajo de la inspección es una labor planificada y el 20% de las inspecciones se hacen de noche o en domingo, «el 90% de las inspecciones para destapar situaciones de contratación irregular no se han realizado por denuncias, sino por actuaciones programadas».
El responsable de prevención de riesgos laborales de UGT, Emilio Alvarado, animó a los inmigrantes a participar como delegados de prevención de riesgos laborales «ningún inmigrante es delegado de prevención», dijo el sindicalista.
La secretaria de Inmigración de CC.OO., Rosa Castro, afirmó que en la situación de crisis actual los trabajadores extranjeros son los más vulnerables , «en este momento las negociaciones laborales están interrumpidas porque los empresarios se niegan a negociar mejoras salariales para los trabajadores».
En las jornadas participaron también Simón López-Quero, que hizo un análisis de la directiva de retorno y el sociólogo y coordinador del Área de Estudios y Movimientos Sociales de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, Iván Forero,, que analizó los movimientos migratorios, los derechos humanos y los movimientos sociales.