Crece la oposición ciudadana contra la privatización del 49% del Agua en León

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Va a «subir la marea», anunciaban en las vísperas los promotores de la manifestación. Y el caudal engordó en cerca de 1.000 efectivos con respecto a la marcha que se celebró en febrero: casi tres mil personas -”2.700, según fuentes oficiales, y 3.500, según los convocantes-” que salieron ayer a la calle por segunda vez para exigir al Ayuntamiento que convoque un referéndum en el que el pueblo decida si quiere privatizar el 49% del servicio de Aguas. Una medida que ya tiene avanzada el equipo de gobierno, que espera que en verano se cierre la operación. Pero hasta entonces, le aguardan más protestas «en los plenos», como avanzaron los portavoces de la plataforma contraria a la privatización del agua, que acumula más de 8.000 firmas para forzar la consulta pública y cerca de 10.000 contra la decisión.

La manifestación mantuvo en cabeza de pancarta a partidos políticos -”IU, PP, Civiqus y Los Verdes-”, sindicatos -”UGT, CC.OO., CSIF, USO y CGT-”, asociaciones de vecinos -”con la presidenta de la federación como estandarte-”, portavoces de corrientes de opinión de la UPL y trabajadores del servicio, al tiempo que entre los ciudadanos se intercalaban más personajes públicos: la ex concejala de Medio Ambiente, Humildad Rodríguez Otero -”que dejó el equipo de gobierno por su oposición a esta medida-”, el procurador leonesista Joaquín Otero y el edil por San Andrés Luis Herrero Rubinat, o los ex presidentes socialistas de la Diputación Alberto Pérez Ruiz y Agustín Turiel; además de los vendedores ambulantes que se niegan al traslado del rastro a Clarés.

Todos bajo la bandera del «agua 100% pública» y con su rechazo a «la ineptitud de un equipo de gobierno que no sabe hacer frente a los problemas que conlleva su cargo» y que «así oculta su incapacidad para gestionar la economía», pero que toma una decisión que «no supondrá ningún beneficio para la ciudad, aunque sí para la empresa que resulte adjudicataria». «Los leoneses no tenemos poder para decirles cómo pagar sus deudas. Para eso les hemos puesto donde están», atacó en la lectura del manifiesto la presidenta de la federación de asociaciones vecinales, Ángeles González, en respuesta al argumento político la privatización del 49% del servicio: el ingreso de 25 millones de euros para avalar la operación de pago de 70 millones a proveedores. Un bolsa de dinero que el consistorio deberá devolver a millón por año durante los 25 que dure la externalización, al tiempo que comparte con el socio privado los 63 millones de euros de beneficio que se calcula que se lograrán en este tiempo, sin olvidar la inversión de 8,5 millones en modernización que deberá acometer la nueva sociedad mixta.

González, que insistió en que «la subida de las tasas puede ser solapada al reducirse el tramo de consumo mínimo», subrayó la apuesta por «la gestión directa» con la creación de una sociedad mercantil pública -”un modelo que propuso IU y al que luego se ha sumado el PP-” y la oposición a «cualquier modelo desarrollista y consumista que promueva la sobreexplotación», así como «al crédito condicionado por instituciones financieras».

«Somos igual de responsables»

«Comprendo al alcalde. No es fácil tomar decisiones. Él presume de que toma decisiones con responsabilidad, lo cual cuesta trabajo y tiene desgaste, pero lo que no puede pensar es que los que hemos estado aquí no somos igual de responsables», razonó el secretario provincial de CC.OO., Ignacio Fernández, quien analizó la manifestación de ayer como un espaldarazo significativo a la plataforma: «Seguimos creciendo en respaldo».