El PP impone una voz única y amenaza a Guada con la expulsión

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El PP de León abrió ayer la puerta y cerró las ventanas: quien discrepe de los dictados de la dirección provincial en un foro público será expedientado, como paso previo a la expulsión del partido. En ese umbral se encuentra ya Ana Guada, a quien primero se la apartó de la portavocía del grupo municipal y ahora se la expone a escarnio público para ejemplo de sus compañeros.

No fue más allá el amago de purga, aunque fueron cinco concejales más -"María José Alonso, Rafael Pérez Cubero, Luis Nogal, Fernando Salguero y Tomasa Santos -" los que secundaron la actitud censurada ayer con castigo: votar a favor de retirar el recurso contra el tranvía, presentado ante el contencioso administrativo por orden de la dirección provincial, con conocimiento de la presidenta, Isabel Carrasco, y de Cecilio Vallejo, secretario de comunicación y aspirante a candidato a la Alcaldía; un mandato que fue ejecutado por el portavoz, Julio Cayón, y la viceportavoz, María Teresa González, sin conocimiento del resto del grupo. Pero sólo fue Guada quien abanderó estas protestas en la prensa, sin empacharse en críticas hacia la «falta de autonomía» del grupo de concejales en las decisiones «100% municipales».

«Lamentablemente, no es la primera vez», como comunicó el secretario provincial del PP, Eduardo Fernández, en un correo electrónico por la mañana en el que se ordenaba a todos los ediles que asistieran a la reunión. La orden estaba consensuada con el secretario autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, quien se desayunó con el titular de la crisis de mando en el consistorio, a poco más de 10 días de las elecciones europeas: teme la intensidad del fuego amigo en el PP de León, donde el debate siempre implica cuchillos.

La mordaza presentada en el papel se escenficó en persona por la tarde. Eduardo Fernández, acompañado por Luis Aznar y Cipriano Elías Martínez, pero no por Carrasco, recriminó a Guada que sus manfestaciones públicas «suponen un descrédito, menosprecio y descalificación» del partido y que son «inaceptables». Casi sin pausa la recordó que en la rueda de prensa que dio tras su salida de la portavocía municipal -"que se tradujo en un recorte de la dedicación exclusiva a la mitad de sueldo-" ya había dejado varias perlas hacia la dirección provincial. Un peaje que todavía no se había cobrado pero que quedaba pendiente de la reinserción de la díscola.

Tampoco ésta había sido la primera ocasión: el punto de no retorno lo había cruzada Guada al aprovechar la presencia del presidente autonómico del partido, Juan Vicente Herrera, en el congreso provincial de reelección de Carrasco, para denunciar que se había sentido abandonada por la cúpula de la formación en su guerra contra el alcalde de León. Carrasco encajó la daga y empezó a pergeñar el cambio en la portavocía del grupo; un puesto que Guada había recibido tras la marcha al Consejo Consultivo de Mario Amilivia, a quien la presidenta del partido acusa de toda la estrategia conspiratoria para menoscabar su mando.

El órdago deja al grupo en una situación difícil: sometido a los dictados de la dirección provincial, que no confía para nada en la mayor parte de los concejales; sólo Arancha Miguélez y Mercedes Moro cuentan con el beneplácito de Isabel Carrasco, mientras que Cayón y Teresa González pasan por ser peones a los que recompensar _aunque Roma no paga traidores_ y Fernando Franco se mantiene en la virtud de la divina mediocridad. El resto lo tiene difícil: Luis Nogal, Fernando Salguero y Tomasa Santos entran en el purgatorio, Rafael Pérez Cubero espera el final de mandato para volver a lo suyo sin costurones en la taleguilla, y María José Alonso y Ana Guada se debaten entre filosofía del perro o la del gato: ser leales al ex jefe Amilivia y los dictados de su política o confiarse a las tres comidas diarias y el techo sin goteras... Pero Carrasco -"como presumía Rodríguez de Francisco tras la moción de censura-" no hace prisioneros.