El Gobierno reclama ahora las ayudas que dio a las empresas mineras en el 2007
La Hullera Vasco Leonesa recurrirá y advierte de que la decisión, que se suma a las dificultades que atraviesa el sector, pone en peligro las inversiones y el futuro
Las empresas advierten de que la devolución de ayudas pone en peligro su futuro.
El Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón ha iniciado el procedimiento de reintegro de 4,6 millones de euros de las ayudas concedidas a la Hullera Vasco Leonesa en el 2007. La cifra reclamada supone un 10% de las ayudas concedidas al funcionamiento de la empresa minera en aquel ejecicio (43,7 millones de euros), y se suma a la devolución también solicitada y correspondiente al ejercicio del 2006, otros ocho millones de euros.
Las discrepancias entre las empresas mineras y el Gobierno sobre los criterios que rigen la concesión de ayudas al funcionamiento (las destinadas a cubrir las pérdidas que supone la producción de carbón autóctono, que se mantiene para garantizar un nivel estratégico de independencia energética) ya dieron lugar el año pasado a una dura negociación, aunque los acuerdos alcanzados parecen haber servido de poco.
De hecho, el Consejo de Ministros del pasado 30 de enero estableció que los criterios que aplica la Intervención General de la Administración del Estado no eran los adecuados a la liquidación de las ayudas. A pesar de ello, y cuando todavía no se ha resuelto el conflicto sobre las ayudas concedidas en el 2006, el Instituto del Carbón ha iniciado ya los procedimientos para reclamar parte de las ayudas correspondientes al ejercicio siguiente.
La Hullera Vasco Leonesa envió ayer una comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores por la que se muestra «absolutamente disconforme» con la reclamación, y ha anunciado que presentará alegaciones «poniendo de manifiesto los argumentos que avalan la improcedencia del reintegro».
La empresa lamenta la inseguridad jurídica en la que se mueve el sector minero en un momento especialmente complicado para el carbón. El instituto aplica cada año en la liquidación de las ayudas al funcionamiento criterios que en su día estableció la intervención general, pero que «no se corresponden con los establecidos en la normativa que regula la concesión de las ayudas de cada ejercicio».
El caso es que, pese a las discrepancias entre los propios organismos estatales, las empresas se ven obligadas a provisionar cantidades millonarias para hacer frente a las reclamaciones.