Un acuerdo inicial basado en diez puntos de acción sindical

Aurelio Pérez fue el encargado de leer parte del decálogo aprobado por las ejecutivas de ambas organizaciones, que contiene diez puntos que UPA y COAG se comprometen a cumplir y luchar por ello, siempre en defensa de los intereses de los profesionales del campo. En este sentido, el primer apartado reincide en el mantenimiento de un nivel de rentas digno, con un desarrollo de modelo social agrarios que garantice una alimentación «asequible y de calidad, para la preservación de los valores ambientales y los pueblos con vida».

Precios. Además de ello, exigen sistemas de intervención para controlar y regular la producción y los mercados, y la constitución de un observatorio regional de precios. En cuanto a la defensa de los sectores productivos, demandan a las administraciones políticas de modernización de las explotaciones y luchar por frenar el «hundimiento» de sectores estratégicos que sufren en la actualidad una crisis «importante», tales como el remolachero, el vacuno de leche, el ovino-caprino y vacuno, el vino, los cultivos herbáceos, así como una sanidad animal pública, visto que la ganadería «se encuentra inmersa en una crisis sanitaria permanente con enfermedades que generan grandes pérdidas económicas».

Desarrollo rural. Sobre el desarrollo rural, quinto pilar del decálogo, UPA y COAG reiteran el fracaso de las políticas de lucha contra la despoblación del medio rural, por lo que solicitan diversificar la economía de los pueblos y cohesionarlos con los núcleos urbanos. Relacionado con lo anterior se plantea el siguiente punto, que exige mayor inversión en estructuras y modernización de regadíos.

Jóvenes y futuro. Por otro lado, ambas formaciones agrarias requirieron un medio natural que «no expulse» a los agricultores y ganaderos del campo, por lo que incidieron en la regulación de ciertas especies silvestres que no provoquen daños en las explotaciones. Un octavo apartado reivindica medidas para incorporación de jóvenes y mujeres al sector agropecuario, por lo que urgieron en el desarrollo del Real Decreto de Titularidad Compartida. En cuanto a políticas de fiscalidad agraria reclaman la implantación del gasóleo profesional agrario, IVA reducido a todos los insumos o deducciones fiscales.