Antón y Mato exigen revisar este año la Ley de Dependencia

El consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades, César Antón, y la consejera de Trabajo y Bienestar de la Xunta de Galicia, Beatriz Mato, coincidieron ayer en la necesidad de que el Gobierno central adelante la revisión de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia en un año y se evalúe en este ejercicio de 2009, con el fin de revisar el modelo, reajustar los trámites y mejorar la gestión, con el último objetivo de dotarla de agilidad para los beneficiarios. Así lo expusieron ambos responsables en su comparecencia para explicar el resultado del primer encuentro bilateral entre ambos territorios, tras la reunión que mantuvieron los presidentes de ambas regiones, Juan Vicente Herrera y Alberto Nuñez Fijóo, el lunes. En la provincia de León tienen reconocida su dependencia 7..646 personas, de las que 5.703, el 75%. reciben las ayudas elegidas en cualquiera de las categorñias existentes. Antón, quien dijo que Galicia y Castilla y León, «a parte de ser comunidades vecinas, amigas y limítrofes, tienen características similares», recordó que la Ley de Dependencia fija que en el año 2010 debería realizarse la primera revisión de la normativa. «Ya en un Consejo Territorial pedimos al Ministerio, y lo aceptó, que era bueno que se adelantara esa revisión a 2009. No conocemos esa previsión», denunció, para precisar que muchas comunidades, más allá de Castilla y León, consideran que es el momento.

Desarrollo normativo. En este sentido, Antón denunció que, por ejemplo, el Gobierno central no ha cumplido con el desarrollo normativo, de una «ley complicada» que afecta a muchas personas. Así, aunque están aumentando las prestaciones por cuidados en el entorno familiar, éstos aún no han recibido una formación cuando así lo indica la Ley. «Todavía no hay un desarrollo global, básico y común para formar a estos cuidadores», denunció.

En tercer lugar, el consejero criticó la falta de una financiación prolongada en el tiempo, para hacer frente, «sobre todo las comunidades», a su aplicación. «Lo han dicho todas las autonomías, no podemos estar cada año pendientes de la financiación que destinan los Presupuestos Generales del Estado para la plena y real aplicación de las prestaciones y servicios que les corresponden. No está garantizada y asegurada en el tiempo», dijo.

La consejera de Trabajo y Bienestar de la Xunta reconoció, que la aplicación de esta norma es uno de sus «mayores quebraderos de cabeza».