Análisis | miguel ángel zamora
¿Profesionales o jurado popular?
El precedente del Tribunal Supremo en el asesinato de las policías leonesas siembra dudas de cara a un posible juicio
La reciente polémica desatada por la sentencia del Tribunal Supremo, con la decisión de obligar a repetir el juicio por el asesinato de dos policías leonesas en prácticas, puede ralentizar las decisiones que se adopten en el «Crimen de Correos», por cuanto también en el caso del último homicidio en la capital leonesa, se apreciaría previsiblemente la existencia de un supuesto delito de homicidio (como mínimo, puesto que también cabe la opción del asesinato) y de una posible tenencia ilícita de armas.
La doctrina que hasta ahora se seguía en esta materia aconsejaba dejar en manos del Tribunal del Jurado -”el conocido Jurado Popular-” aquellos casos en los que solamente se apreciara la existencia de un delito, bajo la premisa de que además hubiese despertado una especial alarma social. De acuerdo a esta filosofía, los casos en los que concurría más de una infracción del Código Penal, pasaban automáticamente a manos de Magistrados profesionales.
Partidarios de la Ley del Tribunal del Jurado han denunciado reiteradamente que, para buscar un resquicio legal con el que evitar que un tribunal lego tenga que dictaminar en casos de especial relevancia, los instructores aprecian de manera forzada la existencia de más de un delito, para que no quede más remedio que obligar a que los procesados sean juzgados por profesionales de la magistratura.
El Tribunal Supremo ha echado más leña en el fuego de esta disputa.
«La competencia del Tribunal del Jurado se extenderá al enjuiciamiento de los delitos conexos, siempre que la conexión tenga su origen en alguno de los siguientes supuestos: ... c) que alguno de los delitos se haya cometido para perpetrar otros, facilitar su ejecución o procurar su impunidad», señala el Tribunal Supremo en la sentencia que obliga a repetir el juicio por el asesinato de las policías leonesas.
Fuentes de toda solvencia consultadas por este periódico han expresado la conveniencia de no adoptar ninguna decisión a este respecto y en materia procesal con el «Crimen de Correos» mientras no se adopte una decisión definitiva en torno a la filosofía que se va a seguir a partir de ahora en esta materia. Para ello, se esperará seguramente a las decisiones que se adoptarán en el próximo pleno.