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La justicia decreta por segunda vez nulos siete despidos del Ayuntamiento

El consistorio alcanza un acuerdo con tres de los afectados, que recibirán cerca de 70.000 euros de indemnización, mientras que el resto podrán reincorporarse

García del Blanco (en foto de archivo) es el edil de Personal.

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A. CABALLERO | LEÓN
León

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Aquellos a los que el Ayuntamiento despidió minutos después de tener que reincorporarlos pueden volver ahora. Por orden del juzgado, que decreta nulos por segunda vez en seis meses los despidos -”aunque esta vez por distintas causas de forma-” el consistorio se encuentra con cuatro trabajadores que podrán solicitar su reincorporación a la nómina municipal, además de otros tres a los que, gracias a un acuerdo alcanzado, tendrá que indemnizar con cerca de 70.000 euros por la improcedencia de la medida y los salarios de tramitación: los casi 140 días que han estado sin trabajo a la espera de sentencia. Un cheque que se suma a los 120.000 euros que la administración tuvo que desembolsar en marzo por el primer proceso, que fue validado por los juzgados leoneses, pero no pasó el filtro del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

Ahora, los papeles cambian. Las sentencias contrarias de los juzgados de León, los mismos que en el caso anterior dieron por válidos todos los despidos excepto dos, llevan al Ayuntamiento a presentar el recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, como avanzó ayer el edil de Personal, Ibán García del Blanco, quien mostró su voluntad de «llegar hasta el estamento más alto» en los cuatro casos en los que hay conflicto y que reclamarán la ejecución de la sentencia, que se producirá en menos de un mes. «Respetamos absolutamente el criterio del juez, pero no compartimos los fundamentos jurídicos. Nosotros hemos cumplido los criterios del despido objetivo y subsanado los errores que se nos señaló», explica el concejal socialista, que insiste en que el fallo contrario se debe «a defectos de forma, como la falta del derecho de comunicación a los sindicatos, no de fondo», como denunciaban varias de las denuncias, que incidían en la persecución política como base de la rescisión del contrato, así como en la aparición de las mismas plazas amortizadas pero con otro nombre.

Pese a esta confianza en su proceder, el Ayuntamiento alcanza un acuerdo con tres de los implicados porque «lo había solicitado el juez y ellos no querían seguir en el consistorio».

Al margen de estos siete fallos, el equipo de gobierno admite que hay otro caso que todavía no ha paso la primera fase, pero que seguirá el mismo camino: la reincorporación y el despido a la espera de la sentencia judicial, que podría gravar con otros 22.000 euros a las arcas municipales. Una factura de más de 210.000 euros, sin que el conflicto haya terminado.