IU denuncia la persecución del Ayuntamiento de León a los expulsados de los plenos

Algunas de las personas obligadas a desalojar los plenos del Ayuntamiento, teniendo que ver con la privatización del agua o no, han empezado a recibir notificaciones avisando del inicio de expedientes sancionadores. La multa puede ascender entre los 300 y 6.000 euros y aquellos que han recibido la notificación tienen 15 días para presentar alegaciones.

En las denuncias no se dice nada de comportamiento incívico, salvo que se impidió el desarrollo del pleno del 8 de junio y que supuso la ruptura de relaciones entre CC.OO, el Ayuntamiento y el PSOE.