Diario de León

El traspaso de guarderías afectaría en León a 60 trabajadores y 500 familias

Los cinco centros de la provincia inmersos en el proceso de la Ley de Transferencias tienen unos gastos de mantenimiento superiores a los tres millones de euros

León es la provincia con más guarderías afectadas por el traspaso de competencias.

León es la provincia con más guarderías afectadas por el traspaso de competencias.

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S. C. Anuncibay | león
León

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La provincia es la más afectada de la comunidad por el proyecto de la Junta para transferir a los ayuntamientos la gestión de las escuelas infantiles. La administración autonómica tiene en León cinco guarderías implicadas en el proceso de trasvase de competencias, cuatro en la capital y una en Ponferrada, donde hay casi medio millar de niños, frente a las cuatro de Burgos, Palencia, Salamanca y Valladolid, dos en Ávila y Zamora y una más en Segovia.

La Consejería de Familia no abandonará sus funciones si no existe antes el requerimiento expreso de las entidades locales para asumir el nuevo dominio, pero, aún así, la iniciativa ha cargado de quejas y miedos la predisposición de los padres y los trabajadores para formar parte de la jurisdicción municipal.

El Ejecutivo de Juan Vicente Herrera mantiene abiertos en la comunidad 173 contratos con técnicos superiores de educación infantil y 29 más con responsables de las escuelas. Además, hay, entre cocineros, oficiales de segunda y personal de servicios, otros 166 empleados inmersos en la transferencia de los 29 centros de Castilla y León.

En primer lugar. La provincia, junto a Burgos, absorbe la parte más importante de estos contratos. La guardería Parque de los Reyes, que cuenta con la oferta de plazas más amplia de León, tiene una plantilla de diez monitores. San Pedro y La Guiana -”ésta última en Ponferrada-” cuentan cada una con seis profesores, mientras que en La Inmaculada y Viuda Cadenas hay cuatro y tres, respectivamente.

El Pacto Local, que articula la estructura jurídica para ejecutar la transferencia, recoge que este personal debe incorporarse al convenio colectivo de los consistorios en el plazo máximo de un año, tras completar el proceso, pero tanto trabajadores como padres temen una futura privatización del servicio que implique volatilidad laboral para los trabajadores y un incremento de las tarifas de matrícula para los padres.

Deberes. Las entidades de ámbito municipal tendrán la obligación de asumir todos los compromisos contraídos por la Junta, salvo retrasos e indemnizaciones, si bien pocos confían en las prebendas asociadas a esta actuación, pese a que existe la promesa de la administración autonómica de traspasar todos los medios personales y materiales que permitan el desempeño de las nuevas funciones por parte de los ayuntamientos.

En este sentido, el equipo de gobierno de la capital ha encargado un estudio previo para estimar el cálculo aproximado de la partida presupuestaria que deberá recibir para poder desarrollar la gestión.

La previsión de cuentas significará el coste de cada plaza, estimado en 7.500 euros, aunque ponderará otros factores como el aumento progresivo de la demanda o una futura ampliación de horarios. El Ayuntamiento capitalino no tutelará las cuatro guarderías al menos hasta el 2010 y contabiliza hasta tres millones de euros en gastos sólo por mantener las vacantes de los cuatro centros de la ciudad.

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