La Junta toma como ejemplo a Andalucía
Respecto de las obras públicas, cada administración programará, aprobará y ejecutará las que sean de su interés, aunque en conjunto colaborarán mediante convenios en el desarrollo de las obras hidráulicas de interés general del Estado o de la Comunidad Autónoma.
En caso de que el acuerdo sea aceptado por ambas partes se abrirá un plazo de siete u ocho meses para la publicación del Real Decreto de transferencia, modelo seguido para el caso de la Cuenca del Guadalquivir y tomado como ejemplo por la Junta de Castilla y León, más cuando el anterior presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, es el vicepresidente competente de las relaciones con las autonomías.
Precisamente, la llegada de Chaves al Ministerio de Política Territorial se ha visto en la Junta con optimismo para el traspaso de esta materia, a la que se aspira desde hace años, más después de su inclusión en el Estatuto de Autonomía en la reforma aprobada en noviembre de 2007. Desbloqueada la negociación, el Gobierno autonómico confía, al haber visto «mayor sensibilidad» en Chaves que en Elena Salgado, que la Comisión de Cooperación, prevista para octubre, dé el visto favorable al texto que ha propuesto.
Dominio público hidraúlico. Por otro lado, se reserva al Estado la gestión de los Sistemas Integrados de Información Hidrológica y de Calidad así como el Registro de Zonas Protegidas, mientras que corresponderá a la Junta la declaración de Zonas Protegidas en su ámbito territorial y trasladar la información del registro autonómico para su inclusión en este registro de zonas protegidas. También el Censo de Vertidos corresponderá al Estado, si bien ambas administraciones compartirán competencias sobre las autorizaciones de vertido a cauces públicos, la policía de aguas y régimen sancionador y el apeo y deslinde del Dominio Público Hidráulico.
la Administración del Estado presidirá el Comité de Autoridades Competentes.