La Junta exige al Constitucional que medie en el debate sobre Ciudadanía

Nuevo envite judicial a la asignatura de Educación para la ciudadanía, y nuevo problema que llega a la Junta de Castilla y León. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que reconoce el derecho a la objeción de conciencia, obligará al Gobierno autonómico a tomar cartas en el asunto. De momento, el portavoz advierte: «Aplicaremos la sentencia en sus justos términos».

Términos que, en la teoría, se limitan al caso particular de tres alumnos de la comunidad a los que se les reconoce el derecho a la objeción, uno de los cuales, por cierto, aprobó finalmente la materia a final del curso pasado. A la espera de estudiar a fondo los cien folios de los que consta la sentencia -" «para determinar en qué medida nos afecta»-" José Antonio de Santiago Juárez asegura respetar la decisión del tribunal, aunque pide de nuevo al Constitucional que se pronuncie sobre el debate abierto en torno a la polémica asignatura. Sería la forma más fácil de unificar los criterios que aplica la justicia ante las reclamaciones de los padres descontentos con la asignatura; las diferentes sentencias emitidas, en muchas ocasiones contradictorias, sólo generan diferencias entre unos alumnos y otros. «Sería bueno que aclarara si es obligatoria o no y si se puede objetar o no», apuntó. Sin embargo, el portavoz aclara -"de nuevo-" a los padres castellanos y leoneses: «El decreto de la comunidad está descargado de todo tipo de ideología».

Pero al discurso del portavoz le faltaba algo. El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero recibió su ración de críticas de los jueves a cuenta de Educación para la Ciudadanía. Para el portavoz autonómico, la última decisión de los tribunales no hace sino evidenciar la incoherencia de la política educativa del ejecutivo central. «Meter a capón» la asignatura no ha servido para otra cosa que para «tensionar» el sistema.

Y la que podría ser la solución para los problemas de educación en el país, ese gran pacto nacional que ponga en orden el sistema educativo y le libre de los bandazos políticos a los que se ve sometido con los cambios de gobierno, tampoco convence del todo al ejecutivo autonómico. «Ahora hablan de un Pacto Nacional por la Educación», dijo De Santiago, cuando lo primero que hicieron fue «cargarse la Ley de Calidad, y todos los informes aseguran que el sistema español está fracasando».