Los casi 300 objetores a Ciudadanía de León no podrán dejar de asistir a clase

El viceconsejero de Educación Escolar de la Junta de Castilla y León, Fernando Sánchez-Pascuala, desea que el problema de Educación para la Ciudadanía deje «de serlo», ya que, en su opinión, «hay cosas mucho más importantes como los resultados escolares y la eficacia de los estudios».

Al hilo del reciente fallo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCYL) en el que se reconoce el derecho de objeción de conciencia en Educación para la ciudadanía, Sánchez-”Pascuala señaló que la sentencia «no es firme hasta que no haya una aceptación por parte de las familias que interpusieron los recursos». El viceconsejero lanzó un mensaje de tranquilidad a las familias de Castilla y León en el sentido de que «tanto el Ministerio Fiscal como la Judicatura han indicado que el currículum de la Consejería de Educación es acorde con la normativa y no tiene ningún tipo de problema». En todo caso, quiso dejar claro que la sentencia del TSCYL es «sólo del ámbito individual, ya que sólo afecta a los tres alumnos cuyos padres recurrieron y no se va a hacer extensivo».

En su opinión, el fallo del TSJCYJ «viene a ratificar que la introducción con carácter obligatorio de las asignaturas de Educación para la Ciudadanía no se debería haber hecho de esa forma o en todo caso de manera optativa».

A su juicio y teniendo en cuenta que las sentencias dictadas por el Alto Tribunal de Castilla y León y por el Supremo «se contradicen», Sánchez-”Pascuala ha abogado por «la necesidad» de que el Tribunal Constitucional -”instancia que tendrá que resolver el conflicto-” «fuera a una unificación de doctrina y que este problema dejara de serlo».

Para todos. Previamente a las afirmacciones de Pascuala, los representantes de las diez plataformas de padres objetores a la asignatura de Educación para la Ciudadanía comparecieron ayer en Salamanca para pedir a la Junta de Castilla y León «que haga extensivas las sentencias que reconocen el derecho a la objeción, de forma inmediata, a todos los objetores de la comunidad, a los que ha dejado en situación de indefensión absoluta».

La presidenta de la Asociación Soria Educa en Libertad, Marisa Pérez Toribio, pidió un trato similar del Gobierno regional al otorgado cuando, según recordó, el Tribunal Supremo dictó cuatro sentencias en las que negaba el derecho a objetar, «cuyos efectos hizo extensivos la Junta a todos los objetores de la comunidad a pesar de que afectaban a alumnos asturianos y andaluces». Pérez Toribio reclamó la defensa de los derechos fundamentales de los padres y expresó su deseo de que la Administración autonómica no se limite «a acatar estrictamente la sentencia en estos tres casos».

Advirtió, del mismo modo, que, por el momento, la asignatura «reproduce los contenidos, los objetivos y los criterios de evaluación elaborados por el Ministerio de Educación», por lo que no dudó en afirmar que «la Junta no nos está protegiendo» y pidió que sea el propio presidente de la Comunidad, Juan Vicente Herrera, quien los reciba «para poder contarle la situación que estamos viviendo».

En esa línea, la representante de los padres en Salamanca, Lourdes Ruano, afirmó que quizá haya llegado el momento de que el ministro de Educación, Ángel Gabilondo, se reúna con los padres objetores «para iniciar un diálogo por un pacto educativo de consenso».

En la actualidad más de 300 casos de objeción esperan la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que, en opinión del abogado de cuatro de las asociaciones que forman la plataforma, Francisco José Ramos, «es de suponer que todas irán en el mismo sentido de las que han reconocido la objeción a los alumnos de Salamanca y Valladolid».

Ramos explicó que los estudiantes cuya objeción ha sido reconocida están legalmente exentos de cursar Educación para la Ciudadanía «y contra ellos no habrá repercusiones ni coacciones de ningún tipo». Aclaró, además, que, durante esas horas lectivas, «deberán ser atendidos por su colegio». En ese sentido, Marisa Pérez Toribio precisó que se debe eliminar todo aquello que afecte a la intimidad, a la moral y a la ideología, «tras lo que no habrá inconveniente en reincorporar a nuestros hijos a las aulas».

Por último, el letrado explicó que pedirá la ejecución provisional de las sentencias y reveló que, de ser así, «quien no haya promocionado por haber suspendido la asignatura, deberá promocionar; aunque no conocemos ningún caso en el que esto haya sucedido». A juicio de Ramos, «se le presenta una papeleta importante a la Junta de Castilla y León».