Una derogación a través de un proyecto de ley que se convierte en un cajón de sastre
Los parques ya autorizados en la provincia no tendrán que pasar el «examen» de Industria
La derogación por la que se suprime el pre-registro de instalaciones de producción energética creado por el Ministerio de Industria ha sido aprobada por el Senado, pero deberá ser ratificada por el Congreso. En cualquier caso, la propuesta de modificación, surgida a raíz de una enmienda de CiU, ha sido firmada por los portavoces de los grupos parlamentarios popular, socialista, catalanes, nacionalistas y grupo mixto.
La propuesta de modificación al dictamen de la Comisión de Economía y Hacienda se refiere al proyecto de ley por el que se regulan las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (conocidas como socimis), un cajón de sastre que incluye medidas energéticas, fiscales, comerciales y de todo tipo.
Los grupos parlamentarios, incluido el socialista, apoyaron finalmente la modificación del Real Decreto Ley 6/2009, por el que se adoptan medidas en el sector energético y se aprueba el bono social; así como el Real Decreto del 25 de mayo por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial.
La propuesta supone la derogacion del artículo 4, por el que se obligaba a todo nuevo proyecto de renovables a inscribirse en el pre-registro. Según CiU, esta medida invade las competencias autonómicas. Las autonomías seguían siendo quienes debían autorizar los proyectos, pero Industria exigía nuevas condiciones y paralizaba la construcción hasta la aprobación por el ministerio.
La modificación aprobada supone también la reforma de los artículos 17.c y 22 del Real Decreto 661/2007, que regula la producción energética del régimen especial. Se refieren en el primer caso a que la percepción de las primas estará supeditada a la inscripción en la correspondiente dirección general de política energética y minas; y en el segundo caso a los plazos en los que las eólicas que entren a funcionar se podrán acoger al actual régimen de ayudas. Establece que una vez alcanzado el 85% del objetivo de potencia marcado por el plan energético correspondiente, el Ministerio de Industria remitirá a la Comisión Nacional de la Energía en el plazo de tres meses una propuesta de «real decreto de retribución para las instalaciones que queden fuera del régimen económico regulado en el presente real decreto».
También apunta la remuneración a percibir por las instalaciones inscritas hasta que no entre en vigor el nuevo régimen económico.