La Justicia paraliza la construcción de las viviendas de integración social en Puente Castro
En el recurso presentado, el colectivo vecinal argumentó que en la adjudicación no se respetó el número de viviendas establecidas en los pliegos de contratación
Un auto del juzgado de lo Contencioso-administrativo número dos de León ha paralizado parcialmente la construcción de las viviendas de integración social del barrio de Puente Castro, en León, tal y como solicitó la asociación de vecinos de la zona. Según la resolución, el magistrado reconoce que el Ayuntamiento permite la construcción de un número de viviendas mayor de las previstas inicialmente, por lo que resolvió que sólo se podrán construir y explotar 150 viviendas en alquiler como sistema de equipamientos destinadas a alojamientos de integración social.
La asociación de vecinos Aljama interpuso un recurso contencioso-administrativo contra los acuerdos adoptados por el pleno del Ayuntamiento de León el 31 de octubre de 2008 y el 27 de febrero de 2009 en los que se aprobaron los expedientes para la concesión demanial de siete parcelas dotacionales de titularidad municipal para la construcción y explotación de varios edificios destinados a alojamientos de integración social.
La asociación argumentó que en la adjudicación no se respetó el número de viviendas establecidas en los pliegos de contratación. Así, estarían previstas 352 viviendas, mientras que en la aprobación de la propuesta de la licitación se contemplan 529. En lo referente a la primera promoción, se establecía una horquilla de entre 100 y 150 viviendas, que en la adjudicación se ampliarían a 184. Por ello, de no accederse a la suspensión, se provocarían situaciones «físicas y jurídicas de imposible o difícil reversibilidad», según denunció la asociación.
Por su parte, el Ayuntamiento alegó que el número total de 352 viviendas es un mínimo establecido y que existe una propuesta de ampliación del convenio, por lo que argumentó que carece de relevancia los máximos establecidos en relación con cada una de las promociones.
Una vez conocido el fallo, la presidenta de la asociación de vecinos, Flory Fernández, valoró «muy positivamente» el auto, ya que a su juicio «refuerza» la tesis del colectivo vecinal y supone «un reconocimiento» a la defensa de que la concesión de esos terrenos «no es legal». La asociación rechaza «absolutamente» que el Ayuntamiento dedique esos terrenos «para un uso urbanístico que no conlleva beneficios para el barrio de Puente Castro», por lo que anuncian que seguirán «luchando por ello en todas las instancias».
Por su parte, el abogado de la asociación de vecinos, Carlos González-Antón, destacó que es un auto «muy ponderado y ajustado» a los intereses enfrentados al limitarse a impedir o prohibir la construcción de más viviendas de las inicialmente previstas en los pliegos de contratación y en los convenios suscritos con la Junta para la parcela de Puente Castro.
González-Antón declaró que con este auto «se confirma la existencia de irregularidades» en la tramitación del expediente administrativo y se abre «un periodo de incertidumbre» en lo referente a la posibilidad de ejecutar cualquier proyecto en esa parcela, o al menos «supone una clara demora» en la aprobación y ejecución del proyecto de 186 viviendas de inserción en Puente Castro.
Por último, también advirtió que la Cámara de Contratistas de Castilla y León ha impugnado el procedimiento, «con argumentos referidos a la deficiente clasificación exigida en los pliegos», algo que tendrá que resolver también el Juzgado en la sentencia.