Navatejera renuncia, de momento, a la residencia de mayores de 150 plazas

La junta vecinal de Navatejera se ha visto obligada a decir adiós, de momento, a su macropoyecto de residencia para mayores, cuya obra fue adjudicada a la empresa Clece en 6,2 millones de euros para habilitar 150 plazas que generarían setenta puestos de trabajo.

El motivo, la falta de dinero, ya que la construcción estaba ligada a la venta de terrenos en la Vegazana. El pedáneo, Lázaro García Bayón, reconoce que la empresa ha renunciado a la obra ante la falta actual de financiación, y el próximo lunes, el Pleno de la junta vecinal anulará la adjudicación de la residencia.

También explica que si se materializa la venta de esas 19 hectáreas, se seguirá apostando por la residencia, pero «si el precio no es el adecuado, porque el momento no es bueno, nunca voy a vender mal el patrimonio y opto por no construir la residencia».

El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) permite edificar 46 viviendas por hectárea en los terrenos ligados a la financiación del centro de mayores. Un suelo que tiene su propia historia, ya que Navatejera lo pudo recuperar en noviembre del 2008 tras un bloqueo de trece años.

El terreno había sido adjudicado provisionalmente en 1995 a la multinacional francesa GRC Emin, que había adelantado 380.000 euros de los 4,8 millones que costaban las 19 hectáreas. La adjudicación definitiva del suelo estaba ligada a la puesta en marcha de una gran superficie comercial, que generaría cuatrocientos empleos. Sin embargo, la consejería de Comercio y Turismo denegó la licencia en 1997 y cerró toda posibilidad de construir un gran centro comercial en la zona de Villaobispo.

De ahí, que la pedanía intentara negociar una solución con GRC Emin para recuperar los terrenos, que se habían convertido en un bombón urbanístico de 54 millonesde euros. Ante la falta de acuerdo, la junta vecinal decidió anular el concurso de adjudicación el 26 de septiembre del 2005 y la multinacional recurrió a los tribunales para impedir que se hiciera efectiva la pérdida de las 19 hectáreas.

Tras otros tres años de pugnas se logró zanjar el tema enajenando los terrenos a cambio de tres millones de euros de compensación. La solución final, «la menos mala», para García Bayón, permite usar ese suelo en lugar de dejarlo trabado otros quince años en el juzgado. A cambio se abonó 1,98 millones de indemnización, según lo fijado por un perito.

Civiqus e Inpovi manifestaron en el pleno que no les gustaba la solución alcanzada, pero se abstuvieron en la votación por tratarse de una junta vecinal.