La Junta desoye las críticas y mantiene descentralizar las pruebas de idiomas
La Consejería de Educación aplicará la nueva regulación a partir de este curso para «fortalecer el trabajo de los docentes y aumentar la calidad de la enseñanza»
La consejería tiene nueva norma para las escuelas de idiomas.
Ajena a las recomendaciones de parte del profesorado y alumnos de las escuelas oficiales de idiomas de la comunidad, la Consejería de Educación insistió el sábado en que lo mejor para «fortalecer» el trabajo de los docentes de estos centros es modificar la normativa y aprobar la nueva Orden que desmantela las comisiones de redactores de pruebas unificadas para validar el paso de cada nivel.
El departamento dirigido por Juan José Mateos mantiene su propuesta y aclara que, una vez esté aprobada la nueva normativa, serán los departamentos didácticos los encargados de elaborar los exámenes de certificación de la competencia lingüísticas de los estudiantes. Según las justificaciones de la administración, recogidas por la agencia Ical, esta regulación ofrecerá más autonomía a las escuelas, mayor responsabilidad a los profesores y reforzará la calidad de la enseñanza.
Si finalmente es ratificada por la consejería, en contra de las críticas de gran parte de los afectados, los alumnos de las 14 escuelas y 20 secciones de idiomas de la comunidad realizarán unos ejercicios de control ajustados a los contenidos impartidos en el aula y contarán con criterios de evaluación de currículos oficiales adaptadas a las orientaciones de la Consejería de Educación, «que garantizarán una formación de calidad», según la Junta.
Cambios. Estas pruebas están estructuradas en nivel básico, intermedio y avanzado. Hasta ahora, los exámenes para oficializar el nivel básico eran elaborados por los departamentos didácticos de cada centro, mientras que las pruebas de intermedio y avanzado de los cursos 2006-2007, 2007-2008 y 2008-2009 las confeccionaba una comisión de profesores expertos.
La intención de la administración educativa es la de «descentralizar» estos exámenes y dotar al profesorado de «mayor autonomía» en el ejercicio de su labor pedagógica, algo que no gusta ni a docentes ni a alumnos, porque -”justifican-” vulneran el principio de igualdad de condiciones al usuario al que se administra dicho test.
De hecho, a los reproches de la Asociación de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas de Castilla y León se unen las críticas de la Asociación de Estudiantes de Idiomas de León, que ha remitido un escrito al consejero para exigirle que mantenga la comisión de pruebas unificadas.