La Diputación quiere dejar las riendas de Gersul por una gestión impopular
La subida del recibo del CTR, la deuda de los ayuntamientos o la morosidad con la UTE lastran el consorcio, que la institución considera que debe presidir el PSOE por mayoría
Trabajadores en el CTR de San Román de la Vega en la separación de residuos para su reciclaje.
Después de doce años al frente del Consorio para la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos de León, la Diputación quiere dejar la presidencia. La responsable de la institución provincial, Isabel Carrasco, llevará el miércoles al Pleno la propuesta para que sea avalada por toda la Corporación. Según ha podido conocer este periódico, pretende impulsar una modificación de los estatutos para que esta entidad sea presidida por la fuerza política mayoritaria en la asamblea, es decir, el PSOE.
La Diputación dejaría así de estar al frente del consorcio en el papel de árbitro de consenso que tomó desde el principio, con el objetivo de encontrar una solución al tratamiento de la basura de toda la provincia. Además, la institución provincial tampoco quiere seguir gestionando el cobro de los recibos de Gersul.
La polémica por la subida de la tasa que mantiene el sistema de tratamiento de residuos en el CTR de San Román -"con la rebelión de todo el sector industrial y empresarial y la contestación social de las últimas semanas que esta decisión ha suscitado en el Bierzo-", el colapso del Servicio de Recaudación de la Diputación por la gestión de estos recibos y los problemas financieros del propio consorcio ante la elevada deuda que ha mantenido con la UTE Legio VII y que han amenazado su normal funcionamiento, suponen los principales puntos que han motivado la decisión de la institución provincial para decidir soltar las riendas de esta entidad.
Una modificación de estatutos que además de ser aprobados por la Diputación, deben contar con el visto bueno de todos los ayuntamientos y mancomunidades que integran Gersul (a través de acuerdo plenario) y de la propia asamblea del consorcio. Un proceso largo y polémico, teniendo en cuenta el consenso que hasta ahora había reinado en este organismo.
La asamblea está integrada por 43 miembros, que representan a los 211 municipios de laprovincia, bien a través de sus ayuntamientos o de las manconumidades de gestión de residuos que integran. Entre todos suman 500 votos, repartidos de acuerdo a la población.
Respecto a su composición política, cuenta únicamente con las dos principales fuerzas, PP y PSOE y los socialistas son mayoría. Sin embargo en la Junta de Gobierno del consorcio (con 12 miembros) renunciaron a su mayoría y suman cinco miembros, frente a los seis del PP y uno de la UPL, Javier Chamorro, que a su vez es el vicepresidente primero del consorcio como representante del Ayuntamiento de la capital.
La vicepresidencia segunda está ocupada por Ponferrada, la tercera por San Andrés y el Consejo Comarcal del Bierzo lleva la cuarta.
Precisamente, son los grandes núcleos de población de la provincia los que mayor deuda arrastran con el consorcio, que en cifras globales se aproxima a los veinte millones. Así, la capital debe casi doce millones de euros, San Andrés cerca de cinco, Ponferrada alrededor de 60.000 y el resto de los municipios suman otros 800.000.