Los cupos y los deberes

Castilla y León tiene «todos los deberes hechos» para acceder inmediatamente al cupo de generación eólica que ponga en el mercado el Ministerio de Industria. Lo ha repetido la administración autonómica, pero lo aseguran también los promotores. Eugenio Garía Tejerina destaca que en los últimos años se ha hecho un intenso trabajo «coordinado entre la administración, el sector, las empresas y los agentes sociales. Incluso habíamos llegado a un acuerdo muy importante con REE, porque tan importante como poder generar energía es tener la autorización para ponerla en la red». La generación, explica el representante empresarial, hay que planificarla, organizarla y crear las infraestructuras necesarias para ponerla en el mercado. «Es complicado, pero habíamos llegado a un acuerdo con REE». Entonces llegó el decreto de la polémica. «El 5 de mayo el ministerio preguntó quiénes estaban en condiciones de cumplir los requisitos exigidos, que anteriormente eran básicamente acreditar que el proyecto estaba suficientemente maduro: contaba con financiación, aerogeneradores encargados, autorizaciones administrativas, licencia de obras,... En Castilla y León todo eso estaba preparado, tanto que la comunidad llevaba mucha ventaja a otras autonomías y podía hacerse con una cuota de producción muy elevada». La postura de REE. Esa ventaja de partida la posición ya destacada de Castilla y León en la generación eólica es lo que los promotores eólicos temen que haya desatado el parón del sector en la comunidad. «En Castilla y León hay un problema que agrava la ya terrible situación actual: REE está contribuyendo a agravar la situación. Tenía obligación de haber remitido determinada documentación que permitiría a las empresas estar inscritas en el pre-registro, y está incumpliendo sus obligaciones legales». Apecyl recuerda que 650 megavatios en la comunidad están pendientes de entrar en el pre-registro. «Si debido a estos problemas no entran, ejercitaremos las acciones judiciales correspondientes contra REE, y en su caso contra el ministerio, porque tenemos dudas de la legalidad de algunas disposiciones que se han aprobado».