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Las eólicas llevarán a los tribunales a Industria y REE por el bloqueo del sector

Los promotores sospechan que el Gobierno pretende frenar la construcción en Castilla y León para favorecer a otras autonomías más retrasadas en la generación

León

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Más allá de la inseguridad jurídica general (y de los bandazos políticos de los últimos meses) que atenazan al sector eólico, el más activo y prometedor de cuantos conforman el paquete de las ensalzadas energías renovables; el retraso en la toma de decisiones por parte del Ministerio de Industria está sumiendo a los promotores de la energía del viento en una dinámica de sospechas y temores que parece haber tensado hasta el límite la cuerda de su paciencia (y de su resistencia financiera). La pasada semana el ministerio tenía que haber dado a conocer definitivamente el nombre de las empresas aceptadas en el pre-registro de inscripción, y de cuáles y cuándo podrían iniciar la construcción de los parques para los que hace ya meses cuentan con autorización administrativa y financiación. No ha sido así, y el nuevo retraso ha puesto al sector más contra las cuerdas, si cabe. Tanto, y con tantas evidencias de lo que en su opinión está ocurriendo, que los promotores eólicos de Castilla y León anuncian ahora que llevarán a Red Eléctrica de España (REE) y al mismo Ministerio de Industria ante los tribunales para defender sus intereses. Los legales, los que les corresponden en su opinión como generadores de electricidad según la normativa vigente; y los que en su opinión no se están respetando desde que el pasado mes de mayo la política de primas y permisos para las renovables entrara en una esperpéntica dinámica de nuevas condiciones, amenazas de cambio de régimen jurídico y bloqueo de las construcciones programadas. Hasta el punto de que desde la Asociación de Promotores de Energía Eólica de Castilla y León (Apecyl) su secretario general, Eugenio García Tejerina, no duda en asegurar de que el problema de fondo es un encubierto reparto de la generación eólica entre las comunidades autónomas. Un reparto contrario a ley, pero que parece responder a criterios políticos. «Tenemos una grave y creo que justificada preocupación, la sospecha fundada de que a los productores de Castilla y León no se nos va a tratar igual que a los de otras autonomías. Estamos vigilantes por si el ministerio interpreta las exigencias que ha marcado para producir energía eólica de dis

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