Al menos 12.500 trabajadores alimentan la economía sumergida en la provincia
La cifra real es superior, si se suman colectivos «invisibles» como los inmigrantes que han perdido su permiso de trabajo o las «horas extras» que no se declaran
La construcción es uno de los sectores donde la economía sumergida tiene refugio, en todas sus fórmu
Es imposible conocer la cifra exacta de personas que desarrollan su trabajo dentro de la denominada economía sumergida, pero sí está claro el mínimo de trabajadores que forma este colectivo, así como el hecho de que se trata de un fenómeno no sólo asentado en la economía nacional sino creciente a causa de la situación económica. Tanto que hasta el Ministerio de Trabajo ha encargado al Consejo Económico y Social un estudio para poder actuar «de forma decidida» en este ámbito.
Difícil empeño, más en plena crisis económica y con los datos oficiales de paro en constante crecimiento. Aunque son precisamente las grandes cifras del mercado laboral las que más sacan a la luz el creciente negocio de la economía sumergida.
Por ejemplo, según los expertos, la diferencia entre el número de ocupados que recoge la Encuesta de Población Activa (EPA) y la de afiliados a la Seguridad Social en alta laboral es uno de los datos más significativos de estos trabajadores ajenos a la cotización y el control de la Agencia Tributaria. En el caso de la provincia de León, la última EPA, correspondiente al tercer trimestre del año, cifra en 181.600 los ocupados, es decir, las personas de más de 16 años que han tenido un trabajo durante el periodo analizado (la semana de referencia de la encuesta).
En cambio el último dato de afiliación a la Seguridad Social, el del pasado mes de noviembre, deja la cifra de trabajadores en alta laboral en 169.100 personas. Así las cosas, hay 12.500 ciudadanos que están trabajando en la provincia, según recoge la EPA, pero no están en alta en la Seguridad Social.
Una cifra claramente constatable, pero de mínimos. Es así porque a este colectivo habría que sumar otros mucho más complicados de cuantificar. Por ejemplo, el de los inmigrantes que han perdido su permiso de trabajo por no haber encontrado un empleo, pero que siguen desarrollando su actividad sin declararla. Un colectivo «invisible» a los ojos del mercado laboral, pero cuya actividad, según diversos estudios, es cada vez más numerosa.
Parados no tan parados. Como lo es la de los parados que están registrados como tales, pero continúan desarrollando una actividad mientras cobran las prestaciones por su situación de desempleo. No son pocos, y el escaso éxito de algunas de las últimas medidas adoptadas para paliar las consecuencias del desempleo así lo demuestran.
Por ejemplo las ayudas tanto de la Junta de Castilla y León como estatales para pagar 420 euros mensuales a aquellos trabajadores que no tengan empleo y ya no cobren ninguna prestación económica. Es decir, una situación desesperada económicamente. En la provincia hay casi 13.000 personas en esta situación: sin empleo y sin ingreso de ningún tipo. Sin embargo, menos de 600 han solicitado las ayudas.
Una situación que los propios sindicatos califican de «disonante». Y que encuentra la misma justificación desde el Gobierno que desde los representantes de los trabajadores: la ayuda está ligada a la obligación de realizar itinerarios de inserción en el mercado laboral, es decir, de seguimiento del desempleado para comprobar que efectivamente está buscando un trabajo, y que implica también la asistencia a cursos de formación.
Control y empleo de tiempo que no parecen dispuestos a asumir quienes, no teniendo aparentemente ingresos, realizan su trabajo en la economía sumergida. Una situación que se produce a nivel general en el país. Si realmente los miles de trabajadores que oficialmente no tienen ingresos estuvieran en esta coyuntura, la situación sería insostenible para muchas familias.
Más autónomos. A mayores, dentro de la misma bolsa de economía sumergida, estarían los muchos autónomos que han optado por hacer desaparecer su negocio, al menos en términos fiscales. Porque en la práctica siguen haciendo sus trabajos, sólo que en la sombra.
También dentro de esta actividad laboral fuera de control estaría la consolidada costumbre de hacer «horas extras» sin control fuera del horario de trabajo. Es decir, realizar una actividad controlada, y a mayores añadir trabajos que no se declaran.
Un buen número de fórmulas para ocultar a los ojos fiscales y de control oficial una bolsa de actividad que crece preocupantemente, y que no sólo supone un fraude económico, sino en muchos casos es caldo de cultivo apropiado para la explotación laboral.