La fiscal mantiene que Camino Cabañas no cometió delito en el caso de acoso

El Ministerio Fiscal mantiene que la que fuera alcaldesa de San Andrés del Rabanedo Camino Cabañas, concejal de Personal en la época de los hechos, no cometió el delito de acoso por el que se le juzgaba ayer y hoy en la Audiencia Provincial, en el que la acusación particular proponía una pena de ocho años de prisión.

Sostiene la fiscal que después de celebrar la vista oral, está probado que no hubo comportamiento ilegal en el proceder de Cabañas, denunciada por un conductor municipal que ejercía tareas sindicales y que sostuvo en la primera sesión que se le fue vaciando de funciones de tal forma que se vio al borde del despido y sufrió notables crisis de ansiedad que le llevaron a bajas por motivos psicológicos. 

En el turno de informes, la acusación particular trató de justificar una descripción correlativa de los hechos que basó el problema en una selección de personal incorrecta que le obligó al demandante a presentar una denuncia previa a la llegada de Cabañas a la concejalía de Personal. "La concejala era perfectamente consciente de que estaba tomando decisiones incorrectas", aseguró el letrado. "La única persona a la que se quiere linchar en el uso de las horas sindicales es el demandante", dijo su abogado.

Para las defensas, no están justificados los cargos que se presentan contra los procesados porque todo obedece según su postura a una estrategia inconformista del sindicalista denunciante. La representante legal de Cabañas remarcó que en sala, el demandante reconoció que ella no era la concejal en el momento en que se iniciaron los hechos "pero como todo el mundo tenía una actitud hostil contra él...". Tachó la letrada la acusación de "desproporcionada" y basada en "la especulación de una postura unilateral que nada ha probado". La abogada dijo que el de San Andrés "es el Ayuntamiento con más delegados sindicales que conozco" y curiosamente "solo el demandante ha tenido problemas".

La mañana de la sesión de hoy se inició con la presencia en el estrado de multitud de testigos que fueron aportando su punto de vista. Fueron casi todos empleados del Ayuntamiento. Hubo tiempo para que el ponente llamara la atención al abogado del demandante, que preguntó a un testigo si su hijo había ido en las listas electorales de Cabañas: "Letrado, esa pregunta es improcedente. No todo vale".

En el turno de las pruebas periciales, el experto contratado por la acusación particular trató de hacer ver a la sala que el denunciante presentaba un cuadro clínico de cierta importancia que la defensa trató de desvirtuar por la medicación que tomaba, fundamentalmente Lorazepam y Diazepam "llamativo" para una persona que estaba atravesando una situación sentimental y personal de cierta complicación, además de lo profesional. "Los ansiolíticos que se le prescribieron no le impedían conducir". Un segundo médico le atendió cuando acudió a la sanidad pública: "Su situación podía llegar a ser incapacitante". En los dos casos, los informes presentados fueron objeto de controversia con las abogadas defensoras: "Dice al médico que es sindicalista y que los políticos de San Andrés le están atacando".