Los recursos de la concentración de Boca siguen sin contestación oficial
El Procurador del Común insta a la Junta a subsanar las irregularidades de la concentración y a resolver el centenar de recursos presentados
Primera de las protestas de los afectados en el 2006 paralizando las obras de concentración.
Parte de los propietarios afectados por el estudio de la concentración parcelaria de Boca de Huergano llevan esperando casi tres años a que la Junta de Castilla y León resuelva los recursos que presentaron contra esta concentración. Denunciaron que en ningún momento se reunieron las juntas de trabajo donde están las juntas vecinales, que se ha incluido dentro de la concentración suelo clasificado como urbano y urbanizable y que siguen sin contestarse los recursos de alzada presentados por cerca de un centenar de propietarios.
En las principales reclamaciones les ha dado la razón el informe anual del Procurador del Común de Castilla y León que recoge estas irregularidades. El Procurador señala e insta a la Consejería de Agricultura a «que se proceda a la comprobación o revisión de las irregularidades puestas de manifiesto en este informe en relación con el procedimiento de concentración parcelarios de la zona de Boca de Huérgano, adoptando las medidas oportunas para la subsanación de las mismas. Que se resuelva expresamente en el plazo de tiempo más breve posible, los recursos de alzada presentados».
Por su parte, la Dirección General de Infraestructuras y Diversificación Rural manifestó al Procurador del Común que va a promover la realización de las modificaciones necesarias en el expediente «para subsanar los errores detectados y a las directrices contenidas en el citado documento de impacto ambiental tal y como requiere el Procurador del Común». En cuanto a los recursos de alzada se dice que «se resolverán en el plazo de tiempo más breve posible».
Los afectados que han denunciado errores en la concentración siguen manteniendo que esta concentración de Boca de Huérgano ha sido un reparto que se ha realizado para beneficiar a unos pocos, «algo que hemos constatado con el simple hecho de ver cómo se ha realizado el reparto de las parcelas y las adjudicaciones que se han realizado sobre terrenos calificados en la concentración como 3.000, que deberían ser dejados para futuras reclamaciones», señalan varios de los afectados. Además consideran que desde junio del 2006 que se presentaron las primeras reclamaciones ha habido tiempo suficiente para haberlas contestado y resuelto.