El alcalde de Burón actúa contra una empresa por infracción urbanística
Un vecino de Lario denunció a una madedera del pueblo hace años por ocupación de un acceso de propiedad privada, convertida en calle por una obra municipal
El Ayuntamiento de Burón a través de su alcalde, Porfirio Díez, ha abierto expediente sancionador y de restauración urbanística contra la empresa Maderas Fernández, de Lario, a raíz de crearse un acceso ilegal a través de una corrada privada (acceso a una finca) tal y como ha denunciado un vecino. Además la resolución de la alcaldía ordena al paralización de la actividad de esta empresa al no contar con licencia ambiental.
Esta resoluciones se producen tras la diversas denuncias que un vecino, Teodoro Cimadevilla, lleva realizando contra esta empresa desde hace años. «Durante los últimos años estoy siendo víctima de una serie de irregularidades urbanísticas en mi entorno con la modificación del proyecto de pavimentación de las calles de Lario para la invasión de una corrada de mi propiedad y la pretensión de crear un nuevo acceso ilegal por dicha corrada a la sierra industrial Maderas Fernández, donde actualmente hay apiladas montones de maderas con una altura de seis metros que constituyen un peligro», señala en la denuncia presentada en el Ayuntamiento de Burón, ante las consejerías de Medio Ambiente y la de Fomento. También se presentó el tema al consejero de Fomento en su última visita a Lario. Cimadevilla ha instado al alcalde de Burón a actuar, dado que su pretensión es recurrir a instancias superiores o judiciales. Recuerda el vecino que lo que se pretende es crear un acceso ilegal a las instalaciones de la empresa de maderas de Lario a través de un acceso público y todo ello con la ejecución de un proyecto municipal, que, en su ejecución, ha sido alterado respecto al proyecto inicial.
En la denuncia señala que en las actuaciones de arreglo de las calles de Lario se modificó deliberadamente la ejecución del proyecto, de manera que la obra final no se ajusta al proyecto técnico aprobado. Dice que se pretende consolidar un acceso ilegal a la finca de la empresa a través de una acera pública a la que no le han sido colocado el bordillo proyectado.