El Estado podría abortar el traspaso de Picos por la falta de acuerdo autonómico

La falta de consenso entre Castilla y León, Asturias y Cantabria para asumir de forma conjunta la gestión del Parque Nacional de Picos de Europa, podría dar al traste con las negociaciones para que estas tres comunidades autónomas arrebaten al Estado la gestión de este espacio natural protegido y se borren definitivamente las fronteras administrativas que ponen coto a su unidad ambiental. La última reunión celebrada esta semana en Valladolid para asentar las bases del que sería el nuevo modelo de gestión compartida terminó con las posturas más enfrentadas que nunca.

En principio, las tres comunidades autónomas están de acuerdo en que los fondos que deben ser transferidos por parte del Estado ascienden a unos diez millones de euros, que se repartirían en función de unos porcentajes también pactados en reuniones anteriores: Asturias 38%, Castilla y León 37% y Cantabria 25%, aproximadamente. El hueso de la negociación está en el reparto del personal laboral del parque. Asturias es la que acumula la mayor parte de los trabajadores que atienden el parque nacional, por lo que las otras dos comunidades proponen o bien promover traslados de personal para desplegarlo de forma uniforme por todo el parque, o bien transferir «más dinero» a Castilla y León y Cantabria para que se doten de personal para gestionar su parte del territorio. Es en este punto, cuando Asturias se levanta de la mesa y pide la intervención del Estado para que medie en la negociación. El Principado ya ha enviado una carta al Organismo Autónomo de Parques Nacionales, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, para que defina los estatutos del consorcio, ante la falta de acuerdo entre las tres comunidades. Castilla y León va más lejos y amenaza, según anunció esta misma semana su consejera, María Jesús Ruiz, con solicitar al Ministerio de Medio la gestión individual del parque.

Pero esta propuesta es claramente inviable, según dicta la sentencia del Tribunal Constitucional del 10 de noviembre del 2004, en la que se reconoce la supremacía de las autonomías frente al Gobierno en la gestión de los parques nacionales. Esta sentencia que da a las comunidades autónomas los mecanismos para asumir la gestión del parque, también tiene la potestad para quitársela, en casos como el de Picos de Europa, en el que las tres comunidades no logran ponerse de acuerdo para establecer el modelo de gestión. En definitiva, Castilla y León, Asturias y Cantabria están condenadas a entenderse, y a caminar de la mano en este largo proceso de negociación si no quieren ver como el Estado vuelve a tomar el control de Picos para asegurarse su unidad ambiental, y terminar con las eternas aspiraciones de las comunidades de gestionar sus propios recursos naturales.