Gersul defiende que la UTE tiene que pagar las licencias y las tasas del CTR
El presidente del consorcio se ofrece a mediar si no hay acuerdo con San Justo
Un operario trabaja en el CTR, en una imagen de archivo.
El Consorcio Provincial para la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos (Gersul) considera que la Unión Temporal de Empresas (UTE) Legio VII que gestiona el Centro de Tratamiento de Residuos (CTR) de San Román de la Vega debe asumir el pago de los 806.788 euros que le reclama el Ayuntamiento de San Justo en concepto de tasas y licencias. «La UTE debe estar al corriente en impuestos y tasas», indicó ayer Secundino Prieto, gerente de Gersul, mientras que el diputado de Medio Ambiente y presidente del consorcio, José Antonio Velasco, precisó por su parte: «Tendrá que pagar, e igual está dispuesta a hacerlo».
Cabe recordar que el Ayuntamiento de San Justo de la Vega reclama a la UTE 61.545 euros en concepto de tasas por la licencia de obra y otros 745.243 euros por la liquidación del impuesto de construcciones. La petición está amparada en la anulación por parte del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCYL) del decreto de la Junta por el que ésta declaraba en el 2001 el CTR como proyecto regional y eximía a la planta del pago de las licencias de actividad, apertura y urbanística.
«La UTE no ha pagado nada. Desconozco los motivos. Lo que sí me consta es la petición del Ayuntamiento», apuntó Velasco. «Por supuesto que la tramitación administrativa, en cuanto a permisos, licencias y demás, corre por cuenta de la empresa», añadió el presidente, que desvinculó de este modo al consorcio de cualquier responsabilidad en este caso. Velasco, que también estimó que el consistorio de San Justo de la Vega «tiene derecho a reclamar» estos pagos, abogó por un entendimiento entre ambas partes. «Si existe una relación contractual que especifica lo que debe hacer cada uno (la empresa) no puede volverse atrás».
«Tomar medidas». El diputado indicó que «al consorcio no le corresponde tomar medidas en este caso», pero mostró su disposición a mediar entre la UTE y el municipio «si no existe impedimento legal para ello» en el hipotético caso de que no alcanzaran ningún acuerdo respecto al pago de estas tasas e impuestos. «Lo normal es que lleguen a un acuerdo, y no tener que recurrir a instancias judiciales si por ley le corresponde pagar» a la empresa, dijo. Mientras, el gerente del consorcio indicó que la UTE «debe pagar los impuestos y tasas al igual que la seguridad social de los trabajadores» del CTR, y fue más allá que el propio Ayuntamiento de San Justo de la Vega al considerar que también debe asumir el pago de impuestos como el de bienes inmuebles (IBI). El gerente de la UTE, Lisardo González, declinó confirmar si la empresa había hecho frente a la reclamación formulada por el consistorio de San Justo y pronunciarse sobre cualquier circunstancia relacionada con dicha petición.