La UTE anuncia un contencioso contra el impuesto de construcciones del CTR
La empresa pretende suspender el pago hasta que el juez resuelva el litigio
La planta de San Román vista desde el exterior, en una imagen de archivo.
La Unión Temporal de Empresas (UTE) Legio VII, que gestiona el centro de tratamiento de residuos (CTR) de San Román de la Vega, notificó al Ayuntamiento de San Justo su intención de plantear un proceso contencioso administrativo contra la reclamación por parte de dicho consistorio de 745.243 euros en concepto de liquidación del impuesto de construcciones, según confirmó el alcalde, Avelino Vázquez. La comunicación llegó al ayuntamiento por carta fechada el pasado 13 de octubre, y en ella la concesionaria manifiesta también su intención de solicitar al juzgado la suspensión de la ejecución del pago del impuesto, siempre según el regidor.
Vázquez precisó que «la UTE no está de acuerdo con la liquidación» y añadió que, según conversaciones mantenidas con responsables de la empresa, éstos consideran que la firma está exenta de pagar licencias dado que la Junta de Castilla y León aprobó la creación del complejo como proyecto regional mediante un decreto en el que dispensaba al centro del pago de las licencias de actividad y apertura y la urbanística. «La potestad de conceder licencias y permisos es del Ayuntamiento», alegó el alcalde, en referencia a una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCYL) que anulaba el citado decreto y por tanto la consideración de la planta como proyecto regional. «El tribunal ya dijo que era ilegal anular las competencias del consistorio», insistió Vázquez.
Abogados. El municipio consultará con su gabinete de abogados la notificación de la UTE para que éstos determinen las acciones a seguir. En cualquier caso, el alcalde descartó proceder judicialmente contra la empresa por el impago de los 806.788 euros en concepto de licencia de obra e impuesto de construcciones «porque ya lo van a hacer ellos contra el Ayuntamiento». Vázquez también precisó que consultará con los letrados del municipio si el CTR está obligado a pagar por conceptos como la licencia de actividad, el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) o el Impuesto de Actividades Económicas (IAE).
El alcalde manifestó su intención de llevar hasta las últimas consecuencias la reclamación del pago de la citada cantidad. Además, no descartó que, en caso de que el juzgado diera la razón al municipio, la UTE se viera obligada a hacer frente a los intereses desde el aplazamiento del pago. 1396927554