El comité de Aiptesa estudia acciones legales por las presiones de la empresa
Los afectados decidirán tras el ERE si denuncian los intentos de disolver este órgano
Vista parcial de las instalaciones de Aiptesa, en San Justo de la Vega.
El comité de empresa de Aprovechamiento Industrial de Plantas Textiles S.A. (Aiptesa) estudia emprender acciones legales por las supuestas presiones de la dirección de la firma para disolver este órgano, según confirmó su presidente, Francisco Cordero. El máximo representante de los trabajadores, pendientes de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para la totalidad de la plantilla, indicó que el comité pospondrá su decisión de denunciar o no la actitud de la dirección hasta que dicho expediente esté resuelto, pero admitió que ya habían puesto el asunto en conocimiento de sus abogados.
El comité informó ayer a los trabajadores de la reunión del pasado jueves con el representante legal de Aiptesa y la jefa de la oficina territorial de trabajo, Asunción Martínez, que se cerró sin acuerdo. Los 48 empleados afectados por este ERE pendiente realizarán, a petición propia, una votación el lunes «para saber cuántos quieren que la empresa continúe abierta con 22 trabajadores», dijo Cordero. La firma llegó a plantear el mantenimiento de dichos empleos como alternativa al despido de toda la plantilla que, en la práctica, supondría el cierre de la empresa, según indicó el comité.
Mientras tanto, la Oficina Territorial de Trabajo de León indicó ayer, a través del gabinete de prensa de la delegación de la Junta, que «si el comité de empresa considera que ha habido algún tipo de presión, debe denunciar la situación ante la inspección de trabajo, y hasta el momento no consta en la oficina territorial que se haya producido esa denuncia, así que ésta no puede valorar lo que ha pasado». Para que Trabajo actúe en caso de hipotéticas presiones debe existir una queja formal por escrito.
1397124194 Sanción. «Si se produjera esa denuncia, la inspección la comprobaría, y si se demuestra que ha habido algún tipo de presión o coacción levantaría un acta» y aplicaría una sanción económica cuya cuantía dependería del grado de la infracción, indicaron las mismas fuentes.
Tras no alcanzar un acuerdo en la última reunión, la oficina territorial de trabajo abrió un plazo de tres días para que la empresa y el comité estudien un informe técnico de la inspección que valora las causas por las que la empresa presentó el ERE. El trámite permite la presentación de alegaciones y terminado el plazo Trabajo valorará qué pasará con el expediente de regulación de empleo.
Las mismas fuentes indicaron que legalmente ya no existe posibilidad de negociación entre las partes con Trabajo, porque ha terminado el plazo de consulta, pero si el comité y la empresa llegaran a un acuerdo por su cuenta antes de que termine el periodo para la valoración del ERE, la oficina territorial no se opondría a él.
Mientras, Alberto Antolín, secretario de organización del Sindicato Intercomarcal FIA-UGT, consideró inaceptables las supuestas coacciones de la dirección para disolver el comité de empresa, y estimó que, de aceptar esta condición, la situación podría afectar al resto de empresas de la provincia en cuanto que, a su juicio, crearía un precedente. Antolín, que indicó que los afectados informaron del asunto a Asunción Martínez en la reunión del jueves, advirtió de que los representantes de los trabajadores «están amparados por la ley de Libertad Sindical, otra cosa es que individualmente ellos decidieran abandonar el comité de empresa». Este periódico intentó ayer de nuevo sin éxito contactar con el representante legal de Aiptesa para conocer la versión de la firma al respecto.