Los vecinos rechazan una nueva balsa para la recogida de lodos

Los vecinos de una comunidad afectada por la construcción de una balsa de depósito de lodos originados en la planta de lavado de arenas y gravas silícias en los términos municipales de Soto y Amío y Riello plantearon diversas alegaciones en oposición a este proyecto. En el escrito que presentaron para paralizar el proceso, al que acompañaron de las correspondientes firmas, los ciudadanos manifestaron su total desacuerdo tanto con la construcción de la nueva balsa como con la continuidad de la explotación.

Los afectados respaldan su postura con argumentos que se basan en el supuesto incumplimiento de diversas medidas de atenuación de daños al medio ambiente y de las medidas protectoras que se recogen en la declaración de impacto ambiental, según la resolución de la Junta de Castilla y León hace ya casi ocho años. Son acciones como el riego de pistas y zonas de movimientos de palas o la conservación de caminos, entre otras.

Además los vecinos aludieron a la proximidad de la instalación al núcleo urbano. «La actividad se desarrolla entre los 80 y los 300 metros de las primeras viviendas situadas en la localidad, y por eso creemos que la proximidad a los domicilios particulares debería ser un factor de rechazo a todas las propuestas de explotación de esta índole. También recalcamos el agotamiento de los recursos existentes», aseguraron los vecinos.

Otro de los aspectos reseñados es la disconformidad de la población, ya que «Soto y Amío se compone básicamente de un número determinado de personas longevas y de la tercera edad o próximas a estas edades, circunstancia que no favorece la oposición física a los problemas que genera esta explotación, pero no impide que exista malestar contra la misma y un sentimiento de impotencia», detallaron los vecinos en el escrito.

Por todas estas premisas expuestas, los afectados solicitaron que la consejería de Medio Ambiente elabore un informe real sobre el impacto generado por la explotación arenera. Pero además, pidieron que se suspenda la citada explotación en los términos que recoge la Ley de Prevención Ambiental.

De todas formas anunciaron que si es necesaria una postura más radical, acudirán sin más dilación al Procurador del Común o a la propia Audiencia Provincial.