La comunidad educativa del San Miguel descarta medidas por la estafa editorial
Unos 65 alumnos del colegio pagaron para que publicaran sus relatos en un libro que nunca fue editado
La comunidad educativa del colegio público de primaria San Miguel de la capital lacianiega no tomara ninguna acción legal contra la supuesta estafa en un concurso sobre relatos breves de una firma denominada Jóvenes Escritores. Por el momento, desde este centro se está llevando una labor informativa a todos aquellos padres que se están interesando por este supuesto fraude, por simple curiosidad o que quieran interponer alguna denuncia de forma individual.
Los estudiantes que se presentaron a este concurso fueron los pertenecientes a quinto y sexto de Primaria, un total de 65 alumnos, de los cuales 44 habían sido los elegidos para que sus relatos fueran publicados en un libro. Por cada tomo que los padres quisieran adquirir debían enviar un importe de 12,95 euros a través de un número de cuenta bancaria y trascurrido un tiempo se les enviaría dicho libro. Sin embargo, este tomo nunca llegó a manos de los padres de estos alumnos.
Las bases del concurso determinaban que la temática del relato era libre y los trabajos no debían tener una extensión superior a 70 palabras. Y como regalos antes de la entrega del libro, esta editorial les dio a los estudiantes un diploma por su creatividad literaria y un marca páginas.
Lla Junta de Castilla y León abrió hace unos días un proceso informativo sobre esta supuesta estafa y tampoco abrió expediente ni diligencias ya que no consideraban este asunto un problema educativo, pues se trata de una supuesta estafa a los padres de los alumnos, que fue quienes aportaron el dinero.
Algunos progenitores se han acercado hasta la Guardia Civil de Villablino para informarse sobre una posible denuncia, pero no se ha formalizado, ya que una de las dificultades para denunciar estos hechos es la pequeña cuantía requerida, ya que no llegaba a 13 euros por tomo, aunque algunas familias habían adquirido más de un libro.
La directora provincial de Educación, Mercedes Fernández, señaló en su día que esta supuesta estafa era a nivel nacional y las personas afectadas sería de más de nueve mil, con un total de 1.400 colegios afectados, realizado presuntamente por una empresa malagueña. Cada familia ha desembolsado entre 13 y 39 euros, aunque la suma en su conjunto asciende a más de 160.000 euros.